Con la colaboración de Alberto Quiroz
Los resultados de Petróleos Mexicanos al cuarto trimestre de 2025 ofrecen el primer balance integral de la petrolera bajo la administración de la presidenta Sheinbaum. A ras de suelo, las cifras oficiales invitan al optimismo: una reducción de las pérdidas de casi 17 veces respecto de 2024, una deuda financiera que descendió 13% para situarse en 85 mil millones de dólares y una producción de gasolinas al alza impulsada por la plena operación de Dos Bocas.
Detrás de la narrativa oficial, sin embargo, los estados financieros revelan focos rojos que ameritan tomar las cifras con mayor cautela. El entusiasmo gubernamental choca con una realidad operativa y financiera que sigue erosionando el valor de la empresa más importante del país.
Primero, la mejora en la liquidez de Pemex no es producto de una mayor eficiencia operativa, sino del respaldo financiero por el gobierno federal. En la práctica, se instrumentó un rescate financiero de la empresa. Si bien se han atendido las emergencias de corto plazo asociado a los fuertes vencimientos de deuda entre 2025 y 2026, los problemas estructurales permanecen y los desafíos siguen siendo ingentes.
En segundo lugar, si bien la producción de hidrocarburos líquidos parece encontrar un piso de estabilidad, esta se ubica en niveles históricamente bajos. Aunque los nuevos contratos mixtos pretenden reabrir la puerta a la inversión privada, estos no parecen ser suficientemente atractivos para atraer a las grandes empresas petroleras del mundo.
Un tercer elemento relevante es el estancamiento comercial de la empresa. En 2025, las ventas cayeron 10% respecto del año anterior; pero en términos reales, comparado con 2018, la caída es de 35%. Esta contracción es el resultado directo de una decisión política: sacrificar la exportación de crudo —que genera ingresos— para alimentar un Sistema Nacional de Refinación que sigue operando con márgenes negativos. La soberanía energética está costando una fortuna.
Un cuarto elemento es que, aunque la deuda financiera bajó, el pasivo con proveedores se mantiene en niveles críticos con más de 20 mil millones de dólares sin pagar. Esta cifra es tres veces superior a la registrada en 2018. Este problema que inicialmente parecía ser coyuntural sigue sin poder resolverse y ha generado un riesgo sistémico para las empresas que conforman la industria petrolera nacional.
Finalmente, el discurso oficial apuesta a que la reforma energética de 2024 permitirá que Pemex sea financieramente autónoma en 2027. Sin embargo, con un presupuesto de inversión en exploración y extracción insuficiente, la aritmética no cuadra. Es difícil proyectar sostenibilidad financiera cuando la actividad más rentable de la empresa —la extracción— va a la baja.
El balance de 2025 debe leerse en su justa dimensión. La reducción de la deuda financiera es un alivio necesario, pero ocurre a costa de la salud del balance público federal y de un deterioro operativo que no cesa. Sin una reingeniería que priorice la rentabilidad sobre la ideología, el futuro de Pemex seguirá en duda.
