La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 con un mandato inequívoco: prevenir conflictos y garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hoy esa promesa se diluye en retórica vacía. La ONU se convirtió en una burocracia ineficaz cuya inacción termina encubriendo los abusos que afirma combatir. El problema ya no es solo la ineficiencia, sino la cooptación y la captura del sistema.
Mientras en Irán el régimen reprime violentamente protestas –con estimaciones independientes que superan los 7 mil muertos–, la ONU ha respondido con palabras tibias y resoluciones sin consecuencias –ninguna de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Las torturas, ejecuciones y desapariciones no provocaron acción, sino simulación: pronunciamientos sin dientes que legitiman tiranías y protegen consensos políticos, no vidas.
La incoherencia es flagrante: lejos de afrontar presión institucional, el régimen iraní fue recientemente elegido vicepresidente del Comité Especial de la Carta de la ONU, órgano encargado de velar por los principios fundacionales de la organización, incluida la resolución pacífica de controversias y la protección de los derechos humanos. La designación se adoptó sin objeción de los miembros del comité, aunque representantes de Estados democráticos la calificaron como una “absurda aberración moral”.
No es un caso aislado. En febrero de 2026 Irán también fue elegido vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social, instancia dedicada a promover derechos, igualdad y dignidad humana. El contraste es brutal: mientras ocupa cargos de liderazgo en el sistema multilateral, en su propio territorio la disidencia enfrenta cárcel, persecución y violencia sistémica.
El patrón es más amplio. El Consejo de Derechos Humanos –creado para supervisar abusos globales– incluye entre sus miembros a regímenes con historiales documentados de represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos, como China, Cuba, Qatar, Vietnam, Egipto, Pakistán, Sudáfrica e Irak. Esos mismos gobiernos influyen en qué se investiga, a quién se condena y con qué severidad. El sesgo es medible: el consejo ha adoptado decenas de resoluciones contra Israel –más que contra cualquier otro Estado– mientras China, Corea del Norte, Cuba, Qatar, Pakistán o Arabia Saudita no han enfrentado una sola condena por sus masivas y equivalentes violaciones. No es un error del sistema, es el sistema.
Ante esta ineficacia y parálisis, algunos Estados han comenzado a actuar fuera del marco de la ONU para gestionar crisis estratégicas. La recientemente impulsada Junta de Paz desde Washington para la crisis en Gaza es una señal clara: cuando la organización no resuelve, las potencias no esperan. La marginalizan.
La ONU ya no es un árbitro creíble de derechos humanos ni un garante serio de la paz. Ha perdido legitimidad y ha sido cooptada por tiranías y agendas ideológicas que privilegian el poder político sobre la protección de derechos. Es claro que urge reformarla, pero un punto de partida es elemental: ningún Estado con violaciones sistemáticas de derechos humanos debería presidir ni ocupar cargos de dirección en instancias del sistema. Si esa línea no se traza, la organización seguirá blanqueando y legitimando a tiranías mientras millones sufren en silencio.
