Quedará como antecedente en la historia de las reformas político-electorales en nuestro país la que está por procesarse en la Cámara de Diputados, elaborada por Pablo Gómez, por instrucciones de la presidenta –posiblemente la orden vino de Palenque–.
La trilladísima frase de Reyes Heroles, “en política la forma es fondo”, aplica a la perfección en este caso. Más allá del contenido de la reforma –el cual aún no lo conocemos del todo, y lo poco que se ha alcanzado a ver representa, como era de esperarse, un grave retroceso–, la forma con la que se elaboró grita que el régimen morenista desprecia profundamente al diálogo, la construcción de consensos y, sobre todo, la posibilidad de dejar el poder.
Habrá quien se pregunte: ¿pero por qué se habla de la forma, cuando lo que importa es el contenido de la propuesta? La respuesta es muy sencilla: las reformas electorales buscan transformar las reglas del juego democrático, y la legitimidad de estas reglas depende de cómo se crean.
El régimen morenista exhibe una grave contradicción: anuncia una reforma electoral para fortalecer la democracia, pero olvida que las leyes que rigen la competencia política deben nacer de un proceso que refleje los valores que dicen defender. Defender la democracia mediante la imposición, sin diálogo y de manera autoritaria constituye un “pecado original” porque la forma contradice su presunto fondo.
No se puede hacer una reforma político- electoral sin considerar a todos los involucrados en la contienda. Ignorar a las fuerzas políticas y a la sociedad civil no es una simple omisión ni un estilo diferente de legislar; es una declaración de fondo sobre el tipo de sistema que se pretende construir: un régimen mayoritario, excluyente y de partido hegemónico, en lugar de una democracia liberal, plural e inclusiva. La forma de hacer la reforma es, hasta este momento, el mensaje más claro sobre su verdadero objetivo.
Anunciada desde la campaña, la reforma que puede cambiar el sistema político electoral de nuestro país, no se ha concretado porque partió de un acto unilateral. Su diseño, elaborado por siete incondicionales de la presidenta y del expresidente López Obrador, sin tomar en cuenta a nadie más –fingiendo foros para legitimar lo que ellos hacían en una oficina–, se entrampó cuando se dieron cuenta que solo se hablaban entre sí y necesitaban los votos de dos aliados, el PT y el PVEM –hasta el momento incondicionales–, quienes probablemente se sentirían amenazados por el proyecto.
La presidenta Sheinbaum retrasó meses la presentación de su anunciada iniciativa electoral. Ha sido el proceso de reforma en la materia más desafortunado y atropellado. Lo único que ha quedado claro hasta ahora es que el oficialismo busca un “fondo” de centralización y control, no de equilibrio de poderes.
Adelantándose a las reacciones de los opositores, académicos, expertos y sociedad civil, la presidenta arguye que la iniciativa atiende a lo que dice el “pueblo” y descarta cualquier crítica con la salida fácil de siempre “se oponen porque son del PRIAN”.
Ante la pregunta de los periodistas en la mañanera sobre la posibilidad de hacer cambios a la iniciativa, la presidenta responde: “No, ya no habrá. Eso es lo que estamos planteando”. Cierra la puerta al debate, al diálogo, a la deliberación y, lo más preocupante, a la modificación conjunta de las reglas del juego al que todos deben someterse.
Otro agravio que no puede pasar desapercibido es el que la cúpula morenista inflige a sus propias bancadas en ambas cámaras. Los coordinadores parlamentarios han reconocido que no conocen a detalle la iniciativa que están obligados a aprobar, pero que ya acordaron con sus compañeros votarla a favor, venga como venga. No les queda de otra: admiten que son una nulidad y que fueron colocados ahí únicamente para levantar la mano.
El régimen olvidó, en su embriaguez de poder, que, tambaleándose, pisó los callos de sus amigos y aliados, provocó molestia y dejó ver a todos los demás, que su verdadero objetivo es concentrar más poder. Y eso que todavía no entramos al fondo de la propuesta.
