Culiacán, Sin.- El presupuesto de la fiscalía de Baja California en 2026 es de 795 pesos por cada habitante; de la de Guanajuato, 735; Sonora de 826; CDMX, 993; Quintana Roo, 1 mil 345. El de la fiscalía de Sinaloa, 397 pesos.
En 2025, de cada 100 mil habitantes de Yucatán, 10 sufrieron violencia letal, esto es, fueron víctimas de alguna modalidad de homicidio o de desaparición. En Sinaloa, 131.
Si usamos la tasa de violencia letal como parámetro de la carga de trabajo de las fiscalías, encontramos que por cada peso que en Sinaloa se invierte para investigar y perseguir el delito, en Yucatán se invierten seis pesos con 52 centavos.
En esa misma relación entre presupuesto de la fiscalía y la violencia letal que sucede en cada estado, por cada peso que se invierte en Sinaloa, en Baja California se dedican 2.32; en Guanajuato, 4.70, y en Durango, 3.84. Tanto los gobiernos de los estados con más violencia como los de los más pacíficos invierten más que el sinaloense.
Si el gobierno de Sinaloa estuviera cooptado por el crimen organizado invertiría insuficientemente en investigar y perseguir el delito.
Las secretarías estatales de seguridad pública tienen la responsabilidad de prevenir el delito y mantener la paz pública, además de administrar el sistema penitenciario. El presupuesto por cada habitante de esa institución en Baja California es de mil 197 pesos; en Guanajuato, 1 mil 166; en Yucatán, 2 mil 44 pesos. En Sinaloa, 818.
Al relacionar el tamaño de la violencia letal de 2025 y la inversión en la institución estatal responsable de la seguridad pública en 2026, encontramos que por cada peso que el gobierno de Sinaloa dedica a su policía estatal, el de Guanajuato invierte 3 pesos 37 centavos; el de Baja California, 1.68; el de Durango, 3.42; el de Yucatán, 23.91.
Si el gobierno de Sinaloa estuviera cooptado por el crimen organizado invertiría insuficientemente en prevenir el delito, mantener la paz pública y en tener un eficaz sistema penitenciario.
La función principal del Poder Judicial es administrar la justicia interpretando y aplicando la Constitución y las leyes vigentes para garantizar los derechos fundamentales, asegurar la convivencia pacífica y mantener el orden constitucional en un Estado de derecho.
El presupuesto por cada habitante de esa institución en Morelos es de 445; en Guanajuato, 445; en Yucatán, 475 pesos; en Durango, 432 y en Baja California, 561. En Sinaloa, 309.
Al relacionar el tamaño de la violencia letal y la inversión en la institución estatal responsable de aplicar la justicia, encontramos que por cada peso que el gobierno de Sinaloa dedica a ello, el de Guanajuato invierte 3 pesos 40 centavos; el de Baja California, 2.08; el de Durango, 5.03; el de Yucatán, 14.67.
Si el gobierno de Sinaloa estuviera cooptado por el crimen organizado invertiría insuficientemente en impartir justicia y garantizar la vigencia del Estado de derecho.
La pacificación de Sinaloa requiere necesariamente la reconstrucción de las instituciones locales de seguridad y justicia y descapturar el gobierno.
