La gran institución del INEGI dio a conocer la información correspondiente al estado de los derechos sociales en 2024, los cuales dan seguimiento al acceso efectivo a los derechos sociales como a las brechas de desigualdad. El acceso efectivo a los derechos permite identificar el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los derechos incluidos en la medición de pobreza multidimensional (educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación).
En lo que toca al derecho a la salud, en el año referido, 34 de cada 100 mexicanos presentaba carencia por acceso a los servicios de salud, cuando en 2016 la cifra era 16 de cada 100. El acceso a la salud es fundamental para garantizar un buen nivel de vida, pues sienta las bases para un adecuado desarrollo de las personas. Las familias que carecen de este acceso, dados los costos de la atención médica, son vulnerables y tienen en riesgo, frente a enfermedades o accidentes, la integridad física de sus integrantes y su patrimonio familiar.
Otra encuesta, la de ingreso y gasto de los hogares, encontró que de 2018 a 2024 se incrementó 41% el gasto en salud de los hogares. Por decil, 10 por ciento de la población de menores ingresos registró un incremento de su gasto en salud de 83%, mientras que para 10% de la población de mayores ingresos fue de 34%. Otro rubro de salud indica que en el mismo periodo, el gasto en servicios médicos de los hogares aumentó 57%. Para el grupo de menores ingresos, primer decil, el incremento fue de 92%, mientras que, para el grupo de mayores ingresos, décimo decil, fue de 28%. La encuesta mencionada también revela que de 2018 a 2024 se incrementó 90% el gasto en medicamentos de los hogares. En el primer decil creció 127%, mientras que para el décimo decil el aumento fue de 84%.
Como se puede apreciar, pese a reformas constitucionales y a leyes, el cumplimiento efectivo de derechos sociales sobre todo para la población vulnerable está muy lejos de lograrse, se queda en el papel. Están condicionados a la disponibilidad de recursos fiscales y a la oferta concreta de bienes y servicio públicos (clínicas, hospitales, personal médico, insumos, medicamentos), por lo que un gobierno con escaso margen de maniobra poco puede ofrecer a la población cuando sus prioridades están en otro lado.
