El PowerPoint resulta más ilustrativo que la iniciativa de reforma electoral que finalmente presentó la presidenta de la República ante el Congreso. El mérito del primero es que, a diferencia de la segunda, fijaba los temas con cierta ordenación en un decálogo que, a bote pronto, hacía suponer que sus redactores tenían medianamente claro lo que pretendían escribir. La exposición de motivos, por el contrario, es un batido de rememoraciones históricas y de frases trilladas del discurso típicamente obradorista. Otra vez la cantaleta de la república democrática que nació en 2018 y sepultó el obscuro periodo neoliberal, la exaltación de reformas constitucionales que le devolvieron al pueblo el poder robado, entre un extenso bla-bla-bla. No hay un solo esfuerzo por describir de manera lógica cómo se concibe el nuevo sistema electoral y sus posibles impactos en la configuración y el comportamiento del sistema de partidos. Ni una palabra sobre qué incentivos se introducen ni sobre cómo repercutirán en la cooperación o en el conflicto entre poderes. Ninguna clave para asir en la experiencia académica o comparada las figuras que se innovan. Nada útil para desentrañar la razón pragmática del cambio.
Un primer apunte sobre la iniciativa es que se desiste en varios puntos anunciados que resultaban preocupantes. Más allá de un ajuste transitorio de las remuneraciones de los servidores públicos electorales, no se toca la estructura del INE, de los organismos públicos electorales locales y de los tribunales electorales. Probablemente derivado de la experiencia desastrosa de la elección judicial, se abandonó la idea de someter a votación directa la elección de los árbitros electorales. No es remoto que la presidenta se haya persuadido de que eliminar los brazos ejecutivos permanentes del INE terminaría por desquiciar la organización electoral. Por lo menos en este punto inicial del proceso legislativo, ese riesgo parece conjurado.
En contrapartida, aparece un componente que no había sido incluido en las láminas mañaneras: la “prevención de injerencias indebidas o ilícitas en los procesos democráticos”. Sin embargo, los remedios a los que recurre la iniciativa sugieren que dicha toma de posición responde más a propósitos testimoniales que a la intención genuina de incorporar un régimen de prohibiciones, mecanismos y consecuencias severas para inhibir la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad política del país. La propuesta parte de un diagnóstico trasnochado y, por eso, yerra en las soluciones pertinentes. El riesgo existencial para la integridad de la democracia mexicana ya no es sólo las maletas de dinero en efectivo que ofrecen los criminales o sus testaferros, sino que han encontrado el camino para postular socios a los cargos de elección popular, para decidir la boleta a balazos y para rellenar las urnas con votos por su candidato de preferencia. Ya ni hablar de su posible incursión en los aparatos de propaganda o de las capacidades que han generado para amenazar la ciberseguridad del Estado. Para la presidenta, el problema de la narcopolítica se va a resolver reiterando la prohibición del uso del efectivo o exigiendo avisos de actividades vulnerables sobre operaciones o transacciones que se realicen en los circuitos electorales. Y, peor aún, sigue pensando que hay márgenes tolerables de connivencia con el crimen. De lo contrario, habría valorado incorporar la pena de muerte civil al partido que sirva de cómplice.
La iniciativa también desliza una trampa que, seguramente, aminorará las resistencias a la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Si bien se modifica la fórmula de cálculo para disminuir en un 25% la bolsa participable de recursos públicos, la tajada se copetea con una engañosa redacción en la previsión constitucional que regula el financiamiento público que reciben los partidos políticos a nivel local. Efectivamente, se les garantiza que recibirán $57.18 pesos adicionales a la prerrogativa federal por cada elector de los presupuestos estatales, independientemente de la solvencia y la capacidad de las haciendas públicas locales.
La única promesa cumplida de la iniciativa es la modificación de la representación proporcional, pero desde una combinación repleta de despropósitos.
La eliminación de las denominadas senadurías plurinominales restablecerá la tendencia al bipartidismo y a la sobrerrepresentación de la fuerza mayoritaria en esa cámara. Pero también aumentará la capacidad efectiva de veto de los estados sobre las decisiones nacionales. Una cámara más pequeña y con incentivos para responder a las dinámicas locales reduce las posibles combinaciones para formar mayorías, especialmente las calificadas. Un grupo de gobernadores con influencia sobre sus senadores tendrá capacidad de ejercer chantaje eficaz sobre los poderes federales. ¿La presidenta en verdad quiere empoderar al cártel de gobernadores de Morena?
El modelo de dos listas para la asignación de representación proporcional alterará de manera estructural la disciplina de los partidos nacionales en la Cámara de Diputados, una de las racionalidades que se ponderaron en la transición para contemporizar el pluralismo y la gobernabilidad. Sin reelección consecutiva y con listas abiertas, los incentivos de los legisladores estarán orientados a asegurar el apoyo de estructuras territoriales o corporativas de votos, vengan de donde vengan, para mejorar su desempeño individual y escalar en el orden de las listas. Este modelo no solo institucionaliza el acordeón, sino que favorece la captura de la oposición a través de la operación electoral y del dinero público. El régimen —o sus facciones dominantes— diseñará a su oposición.
¿Hay algo destacable de la iniciativa? Sí: la presidenta no hizo caso a las ocurrencias de su comisión redactora. Pero si de propuestas testimoniales y disfuncionales se trataba todo este lío de la reforma, mejor hubiera mandado el PowerPoint. Por lo menos algo de lo que querían decir se entendía.
