Son más de 6 mil 200 cuadros técnicos de órganos descentralizados a los que alcanzará está reforma
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Son más de 6 mil 200 cuadros técnicos de órganos descentralizados a los que alcanzará está reforma
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución para acabar con las grandes pensiones de extrabajadores de organismos descentralizados, banca de desarrollo y empresas paraestatales que llegaban hasta el millón de pesos mensuales.
Con 116 votos a favor de todas las fracciones parlamentarias –Morena, PAN, Verde, PRI, Movimiento Ciudadano y PT— esas pensiones se ajustarán a la mitad de lo que gana la presidenta de la República y permitirá ahorrar alrededor de 5 mil millones de pesos al año.
Los partidos políticos en el Senado coincidieron que era imperativo acabar con esas pensiones que van de los 100 mil al millón de pesos mensuales, mientras que un trabajador que no pertenece a los sectores mencionados recibe entre 6 mil 600 pesos y 8 mil 400, lo cual representa una injusticia para el grueso de la población jubilada.
En un debate de aproximadamente dos horas, en el que la discusión fue por la retroactividad que impone la reforma constitucional y que las pensiones se ajusten al salario presidencial y no en Umas, la mayoría morenista no permitió la discusión de los artículos reservados y aprobó la reforma sin moverle una coma.
Al fijar la posición de su partido, la priista Carolina Viggiano leyó un pronunciamiento de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, quienes pidieron a los legisladores se les respeten sus derechos laborales previamente adquiridos, los cuales forman parte del patrimonio jurídico de las personas jubiladas.
Consideraron que la eventual aplicación de disposiciones que modifiquen o reduzcan beneficios previamente reconocidos puede implicar una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 14 constitucional, además de contravenir los principios de seguridad jurídica, progresividad y protección de derechos humanos.
El senador de Morena, Saúl Monreal, destacó que la iniciativa tiene como propósito eliminar las pensiones doradas al establecer un límite a las pensiones financiadas con recursos públicos. “Eliminaremos el privilegio de unos cuantos”, afirmó.
Francisco Ramírez Acuña, del PAN, celebró que se acaben este tipo de “abusos”, pero debe alcanzar a todos los organismos públicos e instituciones autónomas como las fuerzas armadas, las universidades públicas y otras entidades gubernamentales para terminar con estos beneficios indebidos.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que son más de 6 mil 200 exfuncionarios a los que alcanzará esta reforma constitucional de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Banobras y Nacional Financiera.
Pero cuestionó por qué se deja fuera a las fuerzas armadas y al Poder Judicial que le han costado mucho dinero al Estado.
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