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Colectivos y defensores de DH lamentan respuesta de México a informe sobre desaparición; "no aceptan su responsabilidad"

El Centro Prodh y México Unido contra la delincuencia asegura que la respuesta del Estado no está la altura de la crisis de desapariciones que vive el país

Organismos defensores de derechos humanos y colectivos de atención a la violencia reaccionaron con firmeza a la respuesta del Estado mexicano frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que concluyó la existencia de indicios fundados sobre la comisión de desapariciones en el país.

Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalaron que la decisión del Comité es “histórica” y está sustentada en “años de evaluación” y en la información aportada por familias, colectivos y organizaciones.

Precisaron que el Comité “no funge como comisión de investigación sino que analiza si existen indicios bien fundados” sobre la posible comisión sistemática o generalizada de desapariciones.

El organismo destacó que el Comité identificó “una situación preocupante caracterizada por un inmenso número de desapariciones”, reconociendo que muchas de ellas continúan siendo desapariciones forzadas, ya sea de forma directa o “en connivencia entre crimen organizado y autoridades de diferentes niveles y órdenes de gobierno”.

Añadieron que el propio Comité advierte que “agentes estatales conocen previamente de la situación de riesgo real” y que su conducta es interpretada por actores no estatales “como consentimiento”.

Asimismo, subrayaron que el informe es claro al señalar que “no se cuenta con una política nacional integral dirigida a prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones”, que la búsqueda “recae en las familias y no en el actuar del Estado”, y que persisten la crisis forense y la impunidad.

Aunque el Comité no concluye que exista una política de Estado, sí establece que “las acciones de México para atender esta crisis han resultado insuficientes”.

Sobre la reacción oficial, el Centro Prodh expresó: “Lamentamos la respuesta del Estado a esta determinación, indicando que es ‘tendencioso’ y que no cuenta con rigor jurídico. La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones y replica actuaciones previas […] que han denostado a organismos internacionales”.

Por su parte, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León respaldaron el posicionamiento del Comité y reiteraron que la determinación es resultado de una demanda histórica de las familias, en un contexto donde el Estado “no acepta su responsabilidad”.

En tanto, México Unido Contra la Delincuencia hizo un llamado público a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a autoridades federales a “mostrar apertura a este proceso internacional que es, en realidad, una oportunidad de fortalecer la atención a las desapariciones en México”.

El organismo subrayó que el procedimiento del Comité permite solicitar a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas medidas de apoyo como “cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para las operaciones de búsqueda, análisis forense, investigaciones, así como protección a las familias y defensorxs”.

MUCD añadió: “El Gobierno de México debe actuar a la altura y, lejos de resistirse y negar esta crisis que duele en nuestro territorio, actuar para saldar la deuda con lxs desaparecidxs y prevenirla”. También expresó “solidaridad y respaldo a las familias y personas buscadoras del país”, al afirmar que “cada una de esas historias merece atención, memoria, verdad y justicia”.

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