Cese de tres funcionarios no resuelve el desastre del derrame petrolero, señalan ambientalistas

Tras el reciente reconocimiento del Gobierno Federal sobre el origen del derrame masivo en el Golfo de México, decenas de organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el que califican de "insuficiente" la destitución de tres funcionarios de Pemex. Para los activistas, el castigo a la "mentira interna" no sustituye la responsabilidad institucional por el desastre que afectó a más de 900 kilómetros de litoral.

El comunicado surge luego de que las autoridades confirmaran que el derrame provino del ducto Old AK-C, validando las denuncias que las organizaciones civiles presentaron semanas atrás. A pesar de admitir una "pérdida de integridad mecánica" y el ocultamiento de información por parte de áreas operativas, el Gobierno aún no ofrece una cifra oficial sobre el volumen de hidrocarburo vertido.

"Se sanciona la mentira, no el daño ambiental", sentencian las organizaciones, señalando que la válvula principal del ducto se cerró hasta ocho días después de detectada la fuga. La falta de un cálculo confiable del volumen derramado impide, según los expertos, dimensionar el daño real y establecer una reparación proporcional.

Contaminación, opacidad y apoyos insuficientes

La coalición ambientalista denunció que el principio de "el que contamina paga" no se está aplicando. Aunque se movilizaron miles de elementos y decenas de embarcaciones, los costos de este despliegue no han sido transparentados.
Asimismo, calificaron como "insuficientes" los apoyos económicos anunciados para las cooperativas pesqueras (montos de 15 mil pesos por persona). "Los apoyos no sustituyen la reparación integral. No reparan las afectaciones a prestadores de servicios ni reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas críticos como manglares y arrecifes", puntualiza el documento.
Justicia lenta y criminalización de la denuncia
Las ONG recordaron que, durante semanas, fueron desacreditadas por las autoridades al intentar alertar sobre la magnitud del evento. Hoy, mientras el gobierno confirma los hechos, las denuncias legales interpuestas hace un mes siguen sin ser admitidas a trámite, enfrentando barreras burocráticas y digitales que limitan el acceso a la justicia para comunidades indígenas y pescadores.

Exigencias inmediatas

Ante la gravedad de la situación, las organizaciones exigen a Pemex y al Gobierno Federal transparentar el volumen total derramado, informar el costo total de las labores de limpieza y monitoreo y presentar un plan integral de restauración ambiental con metas y tiempos claros.
Finalmente, el sector ambientalista advirtió que este incidente es un síntoma del "costo real del modelo fósil en México", caracterizado por la opacidad y la contaminación crónica, reafirmando que mantendrán la vigilancia para evitar que el caso se cierre con simples sanciones administrativas.