Estamos sentados sobre dos bombas de tiempo: la impartición de justicia, a cargo del Poder Judicial, y la procuración, responsabilidad de las fiscalías. Sin embargo, el oficialismo ha optado por una reforma judicial diseñada para capturar la institución y blindar aliados, dejando de lado —con dolo, no por descuido— la transformación profunda que requieren los ministerios públicos.
Reformar de raíz la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales implicaría dotarlas de una autonomía técnica real y eliminar su uso faccioso. Para el poder resultó más sencillo culpar a los jueces de la llamada “puerta giratoria” que reconocer las fallas estructurales: policías que integran mal las carpetas, ministerios públicos incapaces de presentar pruebas sólidas (con cargas de 300 a 500 carpetas), servicios periciales desmantelados y una dependencia absoluta de testimonios frágiles o fabricados.
El ominoso asesinato de Edith Guadalupe Valdés exhibe esta podredumbre. Su caso demuestra que la reforma judicial es insuficiente: aunque tuviéramos a los jueces más probos, si la fiscalía presenta una carpeta anémica o contaminada, el proceso nace muerto. La indolencia oficial alimenta la desconfianza; según la ENVIPE, 90.4% de los delitos no se denuncia por considerarlo una "pérdida de tiempo" o por el "trato hostil" de los servidores. Este subregistro permite a las autoridades simular una disminución de la criminalidad que solo existe en el papel.
Para quienes denuncian, el sistema ofrece una justicia a cuentagotas. Según México Evalúa, el rezago es alarmante: entre 2019 y 2024, los expedientes aplazados se duplicaron, llegando a 2.6 millones. Apenas 6% de las carpetas alcanza la etapa judicial. En el caso de Edith, solo la presión social obligó a la fiscal Bertha Alcalde a admitir omisiones graves y suspender personal, dejando la duda de si fue un acto de justicia o una mera contención de daños.
Al postergar la limpieza de las fiscalías para priorizar el control político de los jueces, el Estado no está desactivando el peligro. Al contrario, mientras la procuración de justicia siga podrida, ambas bombas de tiempo continúan su cuenta regresiva y amenazan con reventar cualquier promesa de paz social.
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