Pidan licencia, exige legisladora priista de Sinaloa a los acusados por EU de narcotráfico

La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, llamó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, a solicitar licencia a sus cargos para enfrentar las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos ha formulado en su contra por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La legisladora sostuvo que existen señalamientos documentados por autoridades estadounidenses, por lo que consideró necesario que los funcionarios se separen temporalmente de sus funciones mientras atienden los procesos legales correspondientes. “Si existe entereza y decencia”, afirmó, deberían pedir licencia para responder a las acusaciones “conforme a derecho” y sin interferencias institucionales.

Gárate subrayó que esta medida no implica una admisión de culpabilidad, sino un acto de responsabilidad pública que permitiría garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, insistió en que la gravedad de los señalamientos amerita que el gobierno de Claudia Sheinbaum “una respuesta clara y acciones concretas”, en un contexto donde incluso se ha mencionado la posible solicitud de extradición de servidores y exservidores públicos vinculados con el caso.

También cuestionó la falta de posicionamientos más firmes frente a estos señalamientos, en contraste con otros casos que han tenido mayor visibilidad en la agenda nacional. “Se espera la misma atención”, puntualizó, al señalar que el criterio de rendición de cuentas debe aplicarse sin distinciones.

"Aquí cuesta la vida ser oposición”

En un segundo plano, la diputada advirtió que el contexto político y de seguridad en Sinaloa agrava la situación, al señalar que ejercer la oposición implica riesgos reales. “Aquí parece la santa inquisición… pero eso me pone en el blanco, porque aquí cuesta la vida ser de oposición”, denunció.

Gárate relató que ha sido víctima de amenazas desde 2021, cuando —según su testimonio— fue privada de la libertad durante varias horas en el marco del proceso electoral. Aseguró que el operativo involucró a múltiples vehículos y hombres armados, y que estos hechos se dan en un entorno donde, afirmó, existe injerencia del crimen organizado en procesos políticos.

La legisladora también señaló que ha enfrentado intimidaciones tras denunciar a funcionarios, y que incluso ha desistido de solicitar protección por temor a represalias. “Da miedo pedir seguridad”, afirmó, al tiempo que expuso que la violencia política ha escalado al punto de incluir atentados contra otros actores, como dirigentes partidistas en la entidad.

En este contexto, vinculó el clima de inseguridad con los señalamientos provenientes de Estados Unidos, al advertir que la situación en Sinaloa no puede entenderse sin considerar la posible relación entre poder político y estructuras del crimen organizado, lo que —dijo— vuelve aún más urgente que los funcionarios señalados se separen del cargo y enfrenten las acusaciones.