La Fiscalía General de la República no ha precisado si la investigación podría derivar en responsabilidades penales o administrativas
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La Fiscalía General de la República no ha precisado si la investigación podría derivar en responsabilidades penales o administrativas
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, deberá comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que autoridades federales abrieran una investigación relacionada con presuntos actos de colaboración con agentes de la CIA en territorio mexicano, en un operativo que buscó desmantelar de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.
La investigación federal analiza posibles actos de cooperación o intercambio de información entre autoridades locales de Chihuahua y agentes estadounidenses presuntamente vinculados con operaciones de inteligencia de la CIA.
De manera detallada, las autoridades federales buscan esclarecer si existieron reuniones, intercambio de datos sensibles o algún tipo de coordinación fuera de los mecanismos institucionales permitidos entre funcionarios mexicanos y representantes estadounidenses.
Al recibir el citatorio de la FGR este sábado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, la gobernadora confirmó su asistencia para declarar ante las autoridades.
“Aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo. El próximo 27 de mayo a las 10 horas, la gobernadora de Chihuahua tendrá que comparecer ante la Fiscalía General de la República, voy a estar compareciendo aunque tenga fuero constitucional. Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, dijo.
Campos también cuestionó el trato que, según ella, la Federación mantiene hacia distintos gobernadores involucrados en investigaciones recientes. La mandataria insinuó que existe una presión política en su contra luego de que Morena y figuras del oficialismo señalaran posibles violaciones a la soberanía nacional por la presencia de presuntos agentes de la CIA durante el operativo ocurrido en abril pasado en Chihuahua.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha precisado si la investigación podría derivar en responsabilidades penales o administrativas. Tampoco se ha informado públicamente si otros funcionarios estatales o federales forman parte de las indagatorias.
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