Acapulco, Gro.- La presidenta Sheinbaum y el partido Morena han mantenido un discurso sobre la “defensa de la soberanía” frente a una petición del gobierno de Estados Unidos, que está perfectamente contemplada en el Tratado de Extradición, firmado por México desde 1978.
El gobierno estadounidense solicitó la detención provisional del gobernador Rubén Rocha Moya -hoy con licencia- y nueve personas más con base en el artículo 11 del tratado, que fue ratificado por el Senado mexicano, hace más de cuatro décadas. Este artículo permite que el país requirente solicite la captura de una persona antes de presentar la solicitud formal de extradición, siempre que cumpla ciertos requisitos. Estos son: que presente la orden de captura o aprehensión expedida por un juez, que la conducta sea punible conforme a las leyes de ambos países con una pena privativa de libertad cuyo máximo no sea menor de un año, y la ley (el documento) donde se contempla. Es decir, el código penal respectivo. Una vez detenido o detenidas las personas, el requirente tiene 60 días para presentar las pruebas correspondientes. Claudia y todos los rastacueros (diputados, senadores y dirigentes) de Morena claman y piden pruebas. Bueno, éstas se deben exhibir por el requirente 60 días después de la detención de los requeridos por el juez estadounidense. Si se hubiera solicitado la extradición, en directo, el requirente debió exhibirlas (artículo 10). Pero no fue el caso.
Llama la atención que el gobierno mexicano, violando las garantías y derechos de los reos, entregó a un centenar de ellos al gobierno estadounidense, saltándose y violando el tratado, la Ley de Amparo y, sobre todo, la Constitución. Y allí no alegó para nada “la soberanía”.
En otras palabras: no hay ninguna pretensión del gobierno de Estados Unidos de inmiscuirse en asuntos nacionales. Solo está pidiendo la detención de unas personas que, bajo sus leyes y procedimientos penales, han cometido ilícitos en contra de la sociedad norteamericana. Para ello, han invocado un tratado que fue firmado, de común acuerdo, hace 48 años. Y que es y debe ser considerado, de conformidad con nuestra Constitución, parte del orden jurídico nacional, con preminencia sobre las leyes nacionales.
Para decirlo con una refrán popular: “¿Para qué tantos brincos, si el suelo está parejo?”. Lo objetivo, lo concreto es que 1) Estados Unidos hace una petición fundándose en un tratado acordado, en común acuerdo con México. No está sorprendiendo a nadie; 2) El gobierno mexicano no cumple con lo comprometido en el tratado, y 3) Claudia alega con argumentos (falacias) fuera del tratado.
La siguiente es una pregunta para usted, estimado lector y lectora: ¿por qué?
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