El campeonato Mundial de Futbol es una pausa emocionante en la atención a los problemas y los desfiguros de la vida pública de nuestro país. Pero no produce amnesia. Una vez que se haya disputado la final, no hay más remedio que volver la mirada a los asuntos sociales y políticos que nos afectan.
Uno de esos asuntos es el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho y repetido que no se le extraditaría si la justicia estadounidense no muestra las pruebas que demuestren su involucramiento con el narco. Si no existen esas pruebas, ha sostenido la mandataria, es evidente que el objetivo de la imputación es político.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió su propia investigación, de la que no se conoce avance alguno. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, ha dado muestras, en casos anteriores, de que no actúa impulsada por el ánimo de procurar justicia sino de congraciarse con personajes poderosos o con el propio gobierno.
Al frente de la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, acusó a Alejandra Cuevas y a Laura Morán por homicidio por omisión de cuidado de Federico Gertz, hermano del entonces fiscal general de la República. Como lo señaló la Suprema Corte de Justicia se trató de una acusación absolutamente arbitraria.
Igualmente acusó a Isabel Cal y Mayor por la muerte de su esposo, hijo de José María Riobóo, el empresario favorito de López Obrador, a pesar de que la pareja vivía en España, ¡por no evitar que el cónyuge comiera y bebiera en exceso! La Audiencia Nacional Española negó la extradición porque ella no tenía el deber de supervisar lo que se zampaba su consorte.
Ya como fiscal general de la República, Ernestina Godoy ignoró las evidencias de fallas técnicas en locomotoras, vagones y vías en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico que causó la muerte de 14 pasajeros.
Estados Unidos presentó varias pruebas de colusión entre el gobierno de Sinaloa y el crimen organizado. Ernestina Godoy puede encontrar, por su parte, algunas otras, aunque ya las hubiera aportado el Departamento de Justicia estadounidense: le bastaría recabar los testimonios de quienes fueron secuestrados o intimidados en la elección en la que Rocha Moya fue elegido gobernador e indagar lo relativo al montaje de la fiscalía estatal para ofrecer una versión falsa del homicidio de Héctor Melesio Cuén.
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