La diputada priista de Sinaloa, Paola Gárate, obtuvo una resolución judicial que obliga a autoridades federales a brindarle protección
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La diputada priista de Sinaloa, Paola Gárate, obtuvo una resolución judicial que obliga a autoridades federales a brindarle protección
Un juez federal ordenó a diversas autoridades federales y de seguridad brindar medidas de protección a la diputada local del PRI, Paola Iveth Gárate Valenzuela, luego de que la legisladora denunciara haber recibido una corona fúnebre acompañada de mensajes intimidatorios, hechos que encendieron las alertas sobre su integridad física y la de su familia.
La resolución judicial obliga a instancias federales a implementar acciones inmediatas de seguridad mientras se analiza de fondo el juicio promovido por la legisladora, quien argumentó que enfrenta riesgos reales derivados de amenazas recibidas en el contexto de la creciente violencia que vive la entidad.
El caso salió a la luz después de que la diputada denunciara públicamente la recepción de una corona fúnebre enviada a su domicilio. El objeto iba acompañado de mensajes que fueron interpretados como una amenaza directa.
Ante la gravedad de los hechos, Gárate recurrió a la justicia federal para solicitar medidas cautelares que garantizaran su seguridad. El juez que conoció del asunto consideró que existían elementos suficientes para ordenar una protección provisional mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.
La legisladora ha sostenido que el clima de inseguridad que enfrenta Sinaloa obliga a las instituciones a actuar con rapidez cuando un servidor público recibe mensajes de esta naturaleza.
En un comunicado, la diputada dio a conocer que la resolución judicial establece acciones preventivas para proteger su integridad, incluyendo patrullajes de vigilancia en los alrededores de su vivienda en caso de ser necesarios.
El mandato judicial alcanza a distintas instancias federales, entre ellas la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, responsables de coordinar e implementar las medidas de protección ordenadas por el juez.
La decisión judicial ocurre en un momento especialmente complejo para Sinaloa, donde los episodios de violencia han incrementado la preocupación entre autoridades, empresarios, periodistas y actores políticos.
Desde septiembre de 2024, la entidad ha enfrentado una escalada de enfrentamientos vinculados a disputas entre grupos criminales. Organizaciones civiles y especialistas en seguridad han advertido que este escenario ha generado mayores riesgos para figuras públicas y líderes sociales.
La resolución judicial podría convertirse en un referente para otros casos en los que funcionarios, periodistas o activistas enfrenten amenazas y consideren insuficientes las medidas de protección otorgadas por las autoridades.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sostenido en diversas recomendaciones que las autoridades deben actuar bajo criterios de prevención y protección cuando se reportan amenazas creíbles contra servidores públicos o ciudadanos.
Mientras se implementan las medidas de seguridad ordenadas por el juez, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del envío de la corona fúnebre y determinar si existen riesgos adicionales para la legisladora.
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