Organizaciones como Artículo 19 y R3D advierten que algunas normas presentan ambigüedades que facilitan su uso contra periodistas
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Organizaciones como Artículo 19 y R3D advierten que algunas normas presentan ambigüedades que facilitan su uso contra periodistas
Una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times expuso que figuras públicas y funcionarios en México recurren de forma sistemática a las leyes penales y a los tribunales electorales para frenar investigaciones periodísticas y sancionar la crítica en los medios de comunicación.
El reporte, elaborado por los periodistas Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas, señala que esta tendencia complementa la violencia física que históricamente afecta a la prensa en el país, introduciendo una estrategia de asfixia legal y administrativa contra los comunicadores.
"Los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales. En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas", indicó el texto.
Asimismo, el diario neoyorquino documentó que los servidores públicos emplean litigios que generan cuantiosas cargas económicas y operativas a las redacciones. Entre los casos registrados, el texto cita de manera formal a fiscalías estatales que imputaron el delito de terrorismo a comunicadores por realizar coberturas informativas, así como a tribunales locales que ordenaron retirar columnas de opinión de internet bajo la amenaza de multas subsecuentes.
De acuerdo con el reportaje, este fenómeno responde a una reconfiguración de la censura. “En todo México, los políticos de diversos partidos están explotando las leyes destinadas a proteger a las minorías y a los ciudadanos comunes, y las están utilizando contra los periodistas”, sentencia el texto publicado por The New York Times.
El texto refirió que México se mantiene como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000.
Especialistas jurídicos y activistas de derechos humanos atribuyen esta problemática a la ambigüedad en la redacción de las normas locales y federales. Un caso es Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), quien declaró al diario que: “Se están mal utilizando y legislativamente están muy mal redactadas, y eso les permite a los jueces y a las figuras públicas hacerlo”.
Uno de los apartados más detallados del informe aborda el uso de las normativas diseñadas para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. La investigación puntualiza que algunas funcionarias y candidatas emplean estos mecanismos con el fin de inhabilitar a reporteros, vetar coberturas incómodas o exigir disculpas públicas tras la publicación de reportajes críticos sobre su gestión o el uso de recursos públicos.
Ante estos señalamientos, la senadora Martha Lucía Mícher defendió los mecanismos de protección de género vigentes en el país, aunque reconoció la existencia de debates sobre su implementación técnica. “Nosotras no estamos abusando de esas leyes... Nosotras somos víctimas”, afirmó Mícher al rotativo estadounidense, y agregó de manera categórica: “pero también hay un periodismo —con todo respeto lo digo— muy misógino”.
Por su parte, agrupaciones de defensa de la libertad de expresión, como Artículo 19, explicaron al medio internacional que las sentencias dictadas por las autoridades electorales en estos rubros muchas veces carecen de un análisis periodístico real.
“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa.
Las organizaciones advierten que los tribunales suelen equiparar el escrutinio público legítimo hacia una servidora pública con un ataque personal por motivos de género, lo que desvirtúa el espíritu original de la ley.
El reportaje concluye que el incremento de demandas, auditorías fiscales sorpresivas y medidas cautelares —que han incluido arrestos domiciliarios provisionales— genera un profundo efecto inhibitorio dentro de las redacciones, particularmente entre los periodistas independientes y locales que operan fuera de las grandes capitales del país.
De acuerdo con los testimonios recabados por el diario, la falta de recursos financieros para costear defensas legales prolongadas obliga a diversos comunicadores a suspender de forma definitiva sus coberturas informativas sobre corrupción. “El peligro ya no es solo que te disparen en la calle; ahora es que te quiten tu patrimonio, tu libertad y tu nombre en un juzgado”, declaró uno de los reporteros afectados bajo condición de anonimato.
Finalmente, académicos e historiadores consultados para la investigación indicaron que los discursos oficiales de descalificación sistemática hacia la prensa facilitan que los actores políticos locales repliquen estas medidas en el ámbito judicial, debilitando el acceso a la información de la sociedad mexicana.
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