Banobras prepara un paquete de financiamiento de hasta 4 mil millones de dólares para inversión público-privada en proyectos de energía, con la posibilidad de canalizar 80 mil millones de pesos a través de un vehículo financiero conjunto. Hasta ahora se han adjudicado 30 proyectos, en su mayoría de energía solar. Después de años con un sector cerrado sobre sí mismo, es necesario reconocer, sin regateos, que es una buena noticia.
Este mes, Pedro Aspe publicó en Nexos un análisis (México rumbo al estancamiento), basado en una presentación ante estudiantes mexicanos de posgrado en el MIT, que traduce en cifras exactas lo que los analistas del sector privado han advertido desde hace meses. El ingreso promedio por mexicano se redujo. La inversión física federal se desplomó 28% entre 2024 y 2025, la mayor contracción en tres décadas, mientras el gasto corriente ocupaba ese vacío. La inversión pública apenas llega al 2% del PIB —la mitad de lo que destinan países como Alemania o Estados Unidos—, mientras la deuda se acerca a un umbral que México no conocía desde hace casi medio siglo: 60% del PIB.
En esas condiciones, el anuncio de Banobras puede convertirse en tendencia sostenible o diluirse como episodio aislado.
La complejidad del instrumento es una muestra de que nuestras instituciones preservan sus capacidades técnicas. Lo que no se distingue es la disposición para aplicarlas a la atención de las insuficiencias estructurales persistentes.
¿Por qué un gobierno capaz de movilizar 80 mil millones de pesos para energía no ha logrado corregir el deterioro que obstaculiza las otras inversiones?
La respuesta está en sus prioridades. Nuestro país ocupa el lugar 121 de 143 en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, con el mayor retroceso porcentual de toda América Latina. Revertir ese declive exige decisiones de fondo, antes que instrumentos financieros. De eso depende que la buena noticia se haga tendencia en el mediano plazo. Eso depende, entre otras cosas, de los procesos presupuestarios en los que Hacienda y la mayoría en el Congreso han despreciado a la inversión pública durante siete años.
No es demasiado tarde: el Estado mexicano tiene los medios para cambiar el rumbo si se lo propone. Lo que no parece tener el gobierno actual es la voluntad política para acompañar esa capacidad con disciplina, inversión sostenida y certidumbre jurídica. La mediocridad no es destino, es decisión.
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