El compromiso de una justicia constitucional abierta al escrutinio público se ha convertido en una oferta de campaña vacía de contenido. La promesa de terminar con los privilegios y la opacidad bajo el modelo de elección democrática ha dado paso a una realidad cuestionable por la dinámica asumida por el Máximo Tribunal presidido por Hugo Aguilar, quien afirmó que la Suprema Corte dejaría de trabajar “en lo oscurito”. Las sesiones privadas y las audiencias públicas de deliberación son dos componentes de la inconsistencia entre la realidad y la narrativa de cercanía social y sensibilidad.
Las sesiones privadas fueron objeto de las críticas de las y los ministros electos. Se afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas serían garantizadas terminando con esta práctica. Posteriormente, el compromiso fue matizado reglamentariamente con su permanencia de forma excepcional. Sin embargo, en la intervención cotidiana de las y los ministros se evidencia la permanencia y tramitación habitual de las sesiones privadas, sin que se conozcan los temas, el tipo de acuerdos y decisiones que se adopten en ellas.
Ejemplo de ello es la petición de la organización Pena Sin Culpa para realizar una audiencia pública sobre prisión preventiva oficiosa en que la Corte escuche a las personas privadas de la libertad y sus familias, a quienes han permanecido más de 15 años encarceladas siendo inocentes, a Colegios y Barras de abogacía, universidades y organismos internacionales antes de resolver sobre la sentencia de la Corte Interamericana a la que se le indicó que en sesión privada se acordó no responder la petición hasta que hubiera un proyecto de resolución.
En octubre de 2025 se realizó por única ocasión una audiencia pública sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto en el marco de la resolución de una acción de inconstitucionalidad. No deja de ser revelador que la audiencia se otorgó tras manifestaciones y presión en medios por la preocupación que generó el proyecto de la ministra Batres.
La apertura en los espacios de formación y difusión o en las Casas de Saberes, en que se percibe un mayor contacto con la ciudadanía, no parece corresponder con un proceso de escucha en la dimensión jurisdiccional. A casi un año de funcionamiento la Corte no ha repetido este ejercicio de deliberación democrática a pesar de la cantidad significativa de temas relevantes para la agenda pública que ha abordado.
Resulta cuestionable que las y los ministros que se ufanaron de eliminar las sesiones públicas privadas, ahora se valgan del esquema que descalificaron en las campañas. Como muchas de las expresiones de la vida política y del sistema de partidos, no hay consecuencias ante el incumplimiento del compromiso electoral. Finalmente, se observa una tendencia en que hay un mayor cuidado, incluido el retiro de proyectos, cuando se genera presión mediática en torno a los casos. Si el incentivo para revisar los temas es el costo político y no la garantía de derechos, el poder judicial terminará por ser una institución de gestión de intereses.
Contra su propio discurso, el Máximo Tribunal parece consolidarse más como una Corte del anquilosamiento que como una Corte de la transformación.
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