Cada vez que un policía es detenido por un delito, surge la misma pregunta: “¿No se suponía que había pasado los controles de confianza?” La conclusión suele ser inmediata: entonces no sirven.
Pero el problema no son las evaluaciones. Es lo que esperamos de ellas.
Ningún examen puede garantizar que una persona será íntegra durante toda su vida. Si existiera, no sería exclusivo para policías. También lo aplicaríamos a juezas y jueces, ministerios públicos, diputadas y diputados, gobernadoras y gobernadores, empresarias y empresarios, pilotos de avión, médicas, médicos y a cualquiera cuya responsabilidad pueda poner en riesgo la vida, el patrimonio o los derechos de otras personas.
Ese examen no existe.
Las evaluaciones de control y confianza tienen un objetivo mucho más realista: administrar riesgos. Ayudan a identificar perfiles incompatibles con la función policial, detectar vulnerabilidades y tomar mejores decisiones de ingreso, permanencia y promoción. Reducen riesgos; nunca prometieron eliminarlos.
Todos los días confiamos en herramientas que funcionan bajo esa misma lógica. Los cinturones de seguridad no evitan todos los accidentes; las revisiones médicas no impiden todas las enfermedades; los protocolos de aviación no eliminan todos los incidentes. Sin embargo, nadie propone desaparecerlos por no ser infalibles.
Con las policías ocurre lo mismo.
La integridad no es una fotografía; cambia con el tiempo. Un policía puede aprobar una evaluación y años después enfrentar una crisis económica, una adicción, la enfermedad de un hijo, un divorcio, amenazas contra su familia o intentos de cooptación por parte del crimen organizado. Ninguna de esas circunstancias necesariamente existía el día del examen.
Por eso ninguna institución seria deposita 20 o 30 años de confianza en una evaluación aplicada durante unos cuantos días.
Los países que han logrado construir policías profesionales tampoco lo hacen. En el Reino Unido, Canadá, Australia o Estados Unidos, las evaluaciones forman parte de un sistema que incluye supervisión permanente, capacitación, asuntos internos, controles disciplinarios, auditorías, atención al bienestar del personal y mecanismos de rendición de cuentas. El examen es una pieza del rompecabezas, no el rompecabezas completo.
En México, en cambio, suele ser políticamente más rentable afirmar que los controles de confianza fracasaron cuando un policía delinque. Es una explicación sencilla y con un responsable claro. Mucho más difícil es reconocer que la integridad policial depende de un ecosistema institucional que acompañe toda la carrera policial.
Porque cuando un integrante se corrompe, rara vez falla una sola cosa. También pudieron haber fallado la supervisión del mando, asuntos internos, la atención psicológica, la capacitación, los mecanismos para denunciar presiones del crimen organizado o la decisión de separar oportunamente a quien ya mostraba conductas incompatibles con el servicio.
También conviene hacer una pregunta incómoda. Cuando un policía comete un delito, inmediatamente cuestionamos las evaluaciones de control y confianza. Cuando un funcionario de alto nivel incurre en corrupción, casi nunca preguntamos qué controles preventivos existían para evitarlo.
Las policías deben estar entre las instituciones más vigiladas del Estado. Pero esa vigilancia no puede agotarse en una evaluación periódica.
Las evaluaciones de control y confianza son un requisito indispensable, pero insuficiente. La verdadera pregunta no es si sirven o no. La pregunta es si hemos construido todo el sistema que debe sostener la integridad de una policía durante toda su carrera.
Porque las buenas policías no se construyen con un examen. Se construyen con instituciones capaces de supervisar, corregir y, cuando es necesario, separar a quienes dejan de ser dignos de la confianza de la sociedad.
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