Solemos pensar que gobernar es exclusivamente construir carreteras, cobrar impuestos y mandar policías. Rara vez lo asociamos con las políticas de cuidados: con quienes sostienen hijos, familia, comunidad, entorno; quien carga el trabajo invisible de la casa, del barrio, del medio ambiente; quien garantiza que enfermarse o envejecer, o la falta de arbolado o agua, no sea una condena. Y sin embargo, ahí —en eso que parece doméstico, de “quien no tiene nada que hacer”, y menor— se juega el futuro y una buena parte de los problemas que hoy nos angustian: las niñas y los niños sin acompañar, los adultos mayores y enfermos en abandono, la violencia que no cede, el agua que falta o desborda, el trabajo que ya no alcanza para vivir, el aire que no podemos respirar. No se resuelven escogiendo un bando en las viejas peleas entre mercado y Estado, entre la vieja política de siempre y los oficialistas de ahora. Se resuelven con el progresismo como alternativa, que además de tener convicciones, sepa gobernar con ellas. Porque los cuidados son la forma de sostener el futuro desde lo técnico, y también desde lo correcto. La política que pone al deber ser como fin último, no sólo como medio.
Eso es lo que me parece vigente hoy más que nunca de la socialdemocracia: no como nostalgia, sino como método. Es la corriente que se toma en serio la desigualdad, sin despreciar la eficiencia; que amplía derechos, sin quebrar las finanzas; que cree en el mercado, pero no lo confunde con la ausencia de reglas. Un progresismo adulto entiende que sin crecimiento no hay nada que repartir, y que un peso público malgastado es un derecho que alguien deja de ejercer. La responsabilidad fiscal no es una concesión a la derecha: es la condición para que las políticas sociales duren más que un sexenio. Que el futuro sueña con justicia social, ambiental, fiscal e intergeneracional.
Traduzco esto a lo urgente. Un sistema de cuidados que reconozca lo que hoy es trabajo invisible y gratuito, mayoritariamente recargado en las mujeres, no es un lujo asistencial: es infraestructura económica, tan estratégica como una carretera. Y que esos trabajos de cuidados se amplían también a los barrios, las comunidades, el agua, el arbolado, los arrecifes y mares, las cuencas, y la vida animal en todas sus formas. Y una seguridad pública que apueste por instituciones civiles fuertes y no por más soldados en la calle, no como debilidad, sino como la única salida sostenible a un modelo militarizado que lleva años fracasando. Una transición energética y una política del agua serias no son romanticismo verde: son la diferencia entre ciudades habitables y ciudades en emergencia permanente. Y el trabajo digno —con salario suficiente, no con dádivas clientelares— es lo que devuelve libertad a las personas, en lugar de subordinarlas al favor del poder.
Sospecho que a un lector escéptico esto le suena demasiado ambicioso y romántico, quizá impagable. Es una objeción legítima, y la tomo en serio: ningún derecho se sostiene sobre buenas intenciones. Pero la pregunta correcta no es si podemos permitirnos estas políticas, sino cuánto nos está costando ya no tenerlas —en violencia, en talento desperdiciado, en confianza rota.
De ese cálculo, del que casi nadie quiere hablar con honestidad, quiero ocuparme en las próximas entregas. Hoy es ya impagable. Empezando por la pregunta que da título a esta: si un país se mide por cómo trata a quienes más lo necesitan, ¿no será que llevamos demasiado tiempo confundiendo gobernar con administrar el abandono?
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