Beatriz quedó en silla de ruedas tras ser atropellada por un Metrobús; 10 años después pierde indemnización de 16 mdp

Beatriz, ciclista y estudiante de Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se desangraba en el pavimento con la pierna destrozada por un Metrobús en la Glorieta de Insurgentes. Lejos de priorizar su salud y reparación del daño, al día siguiente del atropellamiento, mientras la joven luchaba por su vida, la empresa concesionaria Corredor Insurgentes S.A. de C.V. (CISA) se apresuró a denunciarla ante el Ministerio Público por los “daños” que ocasionó a la carrocería de la mole metálica con su cuerpo y bicicleta.

En lugar de llevarla de urgencia a un nosocomio privado de alta especialidad en la zona del siniestro utilizando el seguro de la compañía, CISA prefirió trasladar a la víctima hasta el hospital de traumatología del IMSS, a kilómetros de distancia en el norte de la capital. La gravedad de las lesiones –fractura expuesta de tibia y peroné– y la demora en el traslado le costaron la movilidad a la estudiante, dejándola de por vida en silla de ruedas.

Hoy, a una década de la tragedia y tras un desgastante litigio, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil del Primer Circuito asestó otro golpe a Beatriz: la magistrada María Luisa Cervantes Ayala dejó insubsistente la indemnización de 16 millones de pesos que la víctima ya había ganado a CISA, de los cuales 2.8 millones habrían de pagarse por la compañía aseguradora Quálitas.

Con la decisión de Cervantes Ayala, la reparación del daño se tendría que reclamar en un nuevo juicio a Corredor Insurgentes, lo que ahora beneficia tanto a la concesionaria como a la aseguradora en perjuicio de la mujer afectada, a pesar de que se demostró con peritajes y diligencias la responsabilidad de ambos, y de que ya estaba firme el fallo de un magistrado para que se le pagara esa cantidad.

La joven es representada por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), presidida por el doctor Jesús Alberto Guerrero Rojas y un equipo legal especializado. Afirmaron que esta resolución abre las puertas a otros 10 años de impunidad, por lo que ya preparan la ruta jurídica para que se cumpla la reparación del daño que había sido establecida.

El 28 de noviembre de 2016, Beatriz fue arrollada por un Metrobús en la Glorieta de Insurgentes cuando pedaleaba su bicicleta rumbo al despacho de arquitectos en la colonia Roma, donde era pasante. Un día después, el abogado de CISA acudió al MP: “En este momento no puedo precisar los daños ni el valor de los mismos al autobús articulado Volvo, que exijo sea devuelto, pero presento querella por el delito de daño a la propiedad en contra de Beatriz…”, se lee en la denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc.

Tras el severo accidente, en el que se determinó que el conductor tuvo la culpa, ella no pudo continuar el cuarto semestre de Arquitectura en el IPN; la carrera implica acudir a supervisiones de obras, movilidad constante, lo que es casi imposible en silla de ruedas.

Trabajó como telefonista en un modesto consultorio de la colonia Portales y actualmente vive de aportaciones económicas de su red de apoyo, especialmente amigas. Estuvo mucho tiempo en depresión, lo que no le permitió desarrollarse en alguna actividad por frustración y el dolor de la lesión.

Para Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la ONRE, la decisión de la magistrada Cervantes Ayala pone todavía más en duda la independencia del actual Poder Judicial de la Federación, debido a la relación de la concesionaria con el gobierno de la CDMX.

Además de que pone al descubierto el fraude del “subaseguramiento” en el Metrobús y otros medios de transporte en la capital.

La organización civil de litigio estratégico, especializada en la defensa legal de ciudadanos contra el Estado e instituciones públicas y privadas, se encargó de la defensa de Beatriz.

Guerrero Rojas explicó que, en este caso, la póliza por “evento” o accidente de cada unidad del Metrobús tenía una cobertura de 2.8 millones de pesos. “Es una suma ridícula que demuestra el ‘subaseguramiento’ y negocio que existe entre concesionarias, instituciones de gobierno con las aseguradoras”.

“Imagina que lamentablemente tiene un accidente una unidad biarticulada del Metrobús que tiene una capacidad de 270 pasajeros en la CDMX y por desgracia fallecen y salen heridos los pasajeros, con esa cobertura, lo digo coloquialmente, a cada uno les tocarían alrededor de 10 mil pesos”.