Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno como si México viviera una etapa de prosperidad, seguridad y bienestar. Eligió las cifras más favorables, las acomodó cuidadosamente y construyó un país que avanza sin tropiezos. El problema es que ese México sólo existe dentro de Palacio Nacional porque en la realidad hay mucho que contradice el relato oficial.
La presidenta aseguró que “la economía permanece estable y avanzando”. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 el PIB creció apenas 1.2% anual. Eso no es avanzar, es permanecer prácticamente estancados, el país continúa lejos del dinamismo necesario para generar suficientes inversiones, empleos formales y mejores ingresos. Cuando una economía no crece, disminuyen las oportunidades, se frena la contratación y cualquier ajuste empresarial puede convertirse en desempleo.
Sheinbaum también presumió un récord de 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026. La cifra es real, pero incompleta, pues 88.5% corresponde a reinversión de utilidades de empresas que ya operan en México. Las nuevas inversiones representaron sólo 7.8% y, además, cayeron 42% respecto del año anterior. No están llegando grandes oleadas de capital nuevo; estamos viviendo, principalmente, de compañías que ya se encontraban aquí.
En materia laboral, la presidenta habló de una “primavera”. Presumió el incremento al salario mínimo y una tasa de desempleo de 2.9%. El aumento salarial es positivo y debe reconocerse, pero se omitió que 56.2% de los trabajadores en nuestro país se encuentra en la informalidad. Son más de 34 millones de personas sin estabilidad, seguridad social ni una pensión garantizada. ¿Puede hablarse de primavera cuando más de la mitad de los trabajadores vive sin prestaciones ni derechos laborales?
La misma selección conveniente de datos apareció en seguridad. Sheinbaum celebró una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios desde septiembre de 2024. Sin duda es un avance que debe reconocerse, pero no se puede celebrar cuando 50 personas continúan siendo asesinadas cada día y las cifras de desaparecidos crecen exponencialmente acumulando ya más de 132 mil personas.
Hablar sobre austeridad republicana y honradez en medio de los escándalos de corrupción y excesos en los que están envueltos muchos personajes de Morena que hoy ocupan cargos públicos está fuera de lugar. Más aún cuando ninguno de ellos ha sido sancionado. Proteger a los suyos ha convertido a la presidenta por lo menos en cómplice. Lo mismo sucede con el crimen organizado, mientras continúe el encubrimiento de Palacio Nacional con actores a quienes otros países sí investigan no se puede presumir que se este combatiendo.
También habló la presidenta de un país donde se respeta la libertad de expresión y el derecho de réplica, pero la realidad es otra. En la mañanera constantemente hay descalificaciones a actores de oposición sin que contemos con un espacio similar para poder defendernos y, por si fuera poco, hace un par de semanas acabamos de ver a la consejera jurídica presentar, a modo de amenaza, una lista de quienes somos críticos con el régimen. Eso no es libertad de expresión. Vivimos en un país donde ésta se acota cada día más.
Un país no se transforma repitiendo cifras desde Palacio Nacional, sino cambiando la realidad de quienes viven con miedo, padecen la corrupción, enfrentan una economía estancada o son señalados por atreverse a criticar. Ningún informe puede maquillar la violencia, borrar la impunidad ni silenciar el descontento. La presidenta puede controlar el discurso oficial, pero no los hechos, y cuando un gobierno necesita ocultar sus fracasos, perseguir a sus críticos y convertir la propaganda en política de Estado, lo que está en crisis no es solamente su narrativa sino el país que pretende gobernar.
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