Sinaloa, Michoacán, Baja California, Sonora. Son muchos los estados que a diario aparecen en las noticias nacionales, e incluso internacionales, y las razones no son buenas. Se habla permanentemente de la inseguridad que reina en ellos, la caída de la economía, la violencia cotidiana, los personajes famosos por liderar bandas de la delincuencia, pero sobre todo, del terrible y criminal desempeño de sus gobernadores.
En 2027, en menos de un año, 17 entidades federativas renovarán sus gobiernos, entre ellas varias de las que ya mencionamos como narcogobiernos. Será una prueba para la ciudadanía que habita zonas donde cada vez resulta más difícil sacar adelante el día a día. El hartazgo se manifiesta de diversas formas y en todos los niveles. Una pregunta queda en el aire, ¿la gente de Sinaloa o Michoacán volvería a votar por Morena? Las encuestas dicen que sí, y por increíble que parezca, es una realidad que debe entenderse antes de caer en la desilusión al ver los resultados. En Sinaloa, los últimos estudios ubican a Morena entre 37 y 41 por ciento de la intención de voto, muy por encima de un PAN y un PRI que no rebasan 15 por ciento cada uno. En Michoacán el panorama es todavía más marcado, con mediciones entre 35 y 45 por ciento, más de 30 puntos sobre su competidor más cercano. Las campañas aún no arrancan, apenas se calientan motores, pero esas mediciones se han hecho en medio de la peor crisis política que han vivido esos gobiernos.
¿Qué pasa entonces? Quien observa desde fuera, sin vivir lo que ahí ocurre, podría pensar que la gente castigará con su voto a los malos gobiernos. Sería deseable que así fuera. Pero los elementos que definen un resultado electoral no siempre dependen de la evaluación al gobierno en turno. Votos transaccionales, desvío de recursos para campañas, programas sociales usados para condicionar el voto, amenazas, compra de voluntades con dinero de procedencia ilícita como el huachicol fiscal, e incluso el desinterés en participar, pueden modificar el resultado, aunque esas mismas regiones vivan bajo el azote de la violencia y el abandono institucional. Ahí la sociedad civil, los medios de comunicación, las redes sociales y el activismo cumplen una función concreta, concientizar sobre la importancia de la participación, documentar y exhibir lo que ocurre antes de la boleta, no como garantía de nada, sino como el único freno disponible frente al fraude y el miedo. Vuelvo a Sinaloa, donde la evidencia y la denuncia estuvieron ahí en 2021. Lo que faltó fue una autoridad dispuesta a actuar en consecuencia.
Testimonios como el de Paola Gárate, actual diputada local, quien junto con decenas de sus correligionarios priistas fueron secuestrados por grupos de la delincuencia organizada en vísperas de la jornada electoral para que no interrumpieran la operación electoral y criminal de Rocha Moya y todo su equipo. O las impugnaciones en Michoacán, donde la intervención criminal quedó tan expuesta que el Tribunal Electoral la reconoció, pero como no se atrevieron a anular la elección, los magistrados temerosos concluyeron que no se probó que esa violencia hubiera sido suficiente para cambiar el resultado global, validando así el "triunfo" de Alfredo Ramírez Bedolla.
Marina del Pilar no tiene visa para entrar al país fronterizo del estado que gobierna; se le acusa de tener nexos con grupos criminales. Lo mismo Villarreal y Durazo, ligados a investigaciones de huachicol fiscal usado para comprar votos. ¿Cómo reaccionará el electorado en esos estados? ¿O se hundirán en la misma abstención que ya devora a Guerrero y Chiapas, los estados históricamente más ausentes de las urnas en todo el país?
Esperemos a ver cómo evolucionan las preferencias, pero no olvidemos una realidad que puede resultar incómoda: en nuestro país, muchos votos no son libres.
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