Cada primero de septiembre México finge lo mismo, que el Informe de Gobierno sigue siendo lo que su nombre promete. Por supuesto, esta edición, no fue la excepción. Toda la semana he leído artículos y notas que critican lo ahí expresado por la presidenta, quien sin ningún miramiento, dio datos falsos, medias verdades y cifras maquilladas. Básicamente fue una mañanera más, pero con invitados especiales y en el patio de Palacio Nacional.
Hay que reconocer que el modelo de informe presidencial en nuestro país se encuentra desgastado y obsoleto. A eso hay que sumar que la permanene y agotadora estrategia de comunicación del régimen, lo hace ver poco atractivo, generando nula expectativa entre la población. Es así que la obligación contenida en el artículo 69 constitucional se vive como una fecha cómoda para quien encabeza el Ejecutivo federal, aprovechada con fines propagandísticos, vaciada de la función para la que fue diseñada y carente del interés ciudadano.
México tuvo alguna vez, aunque sumamente imperfecto, un espacio donde el Ejecutivo comparecía ante el Congreso. Los orígenes se remontan a la Constitución de 1857, que obligó por escrito esa asistencia, y después a la de 1917, que sumó la condición de acudir a la apertura de sesiones a presentar el informe.
Nadie extraña los informes de la era priista, oportunidad para los autoelogios disfrazados de rendición de cuentas, al grado de que le llamaban "el día del presidente". Pero sí se extraña, sobre todo con la evolución de las oposiciones en las cámaras, la comparecencia real del mandatario ante el Congreso. Esa oportunidad que sucedía una vez al año, y que obligaba a quien encabezaba la Presidencia, a escuchar posiciones distintas a las de sus allegados, incomodándolo con datos y discursos desde otras realidades. Perderla ha sido un golpe serio para la democracia.
Imposible olvidar las primeras protestas que escandalizaron al régimen: en 1988, Jesús Luján interrumpió desde su curul a Miguel de la Madrid y Porfirio Muñoz Ledo encabezó una desbandada a gritos. O cuando en 1999 Carlos Medina Plascencia confrontó a Ernesto Zedillo exigiendo una auténtica división de poderes, en lo que la escandalizada prensa calificó como "reprobar al presidente".
Esa evolución parlamentaria se rompió en 2006. En plena crisis poselectoral, los legisladores del PRD, azuzados por López Obrador, tomaron la tribuna para impedir el último informe de Vicente Fox, quien terminó entregando el documento en el vestíbulo, custodiado por el Ejército, en un trámite de apenas un minuto con 43 segundos. A partir de ahí, se reformó el artículo 69 constitucional, para que el presidente no se viera obligado a presentar su informe en la sesión inaugural del periodo de sesiones. Una salida fácil y cómoda.
Hoy vemos dos eventos casi simultáneos que dividen la atención, la opinión y hasta a los invitados. Por un lado, la titular del Ejecutivo hace un acto sin sede fija, donde dice lo que quiere, invita a sus cuates, miente sin parar y recibe aplausos. Por otro, el secretario de Gobernación acude a San Lázaro, entrega el informe por escrito y, si acaso, da un mensajito de pasillo. Mientras tanto, los grupos parlamentarios hablan sin que el Ejecutivo los escuche, fijan sus posturas como lo hacen en cualquier otra sesión y esperan a que todo se diluya en algo que le llaman “la glosa del informe”, a donde, si quieren, acuden los secretarios de Estado a responder preguntas.
Se requiere un nuevo diseño para hacer realidad una obligación constitucional que cada año demuestra ser una simulación. Si no lo hacemos, el Informe de Gobierno seguirá siendo el trámite más inútil del año.
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