A dos años de la entrada en vigor de la reforma judicial y a uno de que comenzaron a operar los juzgadores electos por voto popular, vale la pena hacer un balance y evaluar resultados.
La reforma fue presentada como la solución a la corrupción, los privilegios, la lentitud del sistema de justicia y la impunidad. López Obrador aseguró que elegir jueces acercaría la justicia al pueblo. Claudia Sheinbaum sostuvo que fortalecería el Estado de derecho. Dos años después, las preguntas son inevitables: ¿disminuyó la impunidad?, ¿los juicios son más rápidos?, ¿la justicia es más accesible? O simplemente, AMLO cooptó al Poder Judicial.
La respuesta, hasta ahora, es poco alentadora. Un análisis de Integralia encontró que durante sus primeros seis meses, la nueva Suprema Corte resolvió 37% menos asuntos que la integración anterior. Además, siete de cada 10 casos concluyeron sin un estudio de fondo, y aunque hay un numero importante de asuntos resueltos en el primer año, la cantidad no responde la pregunta fundamental: ¿las resoluciones protegieron derechos y ofrecieron justicia efectiva?
Tampoco hay evidencia de que la impunidad se haya reducido. En México, alrededor de nueve de cada 10 delitos no se denuncian o no derivan en una investigación efectiva. La mayoría de los casos ni siquiera llega ante un juez. Fracasan antes, en policías mal capacitadas, ministerios públicos rebasados y fiscalías sin autonomía.
Esa fue una de las grandes trampas de la reforma. Morena culpó a los jueces de toda la impunidad, pero dejó prácticamente intactas a las fiscalías que son en realidad las responsables de investigar los delitos, integrar las carpetas y presentar pruebas. Cambió la última parte de la cadena sin reparar los eslabones donde se pierden o se quedan abandonados la mayoría de los casos.
La reforma tampoco ha demostrado que la justicia sea más accesible para las personas sin recursos. Para millones de mexicanos, contratar un abogado sigue siendo impagable, trasladarse a un juzgado representa perder días de trabajo y obtener una sentencia puede tomar años. Elegir jueces mediante boletas no eliminó esas barreras.
Además, el daño de la reforma judicial no se limita a los tribunales, también alcanza a la economía, pues la certeza jurídica es un factor fundamental para la inversión. Quien abre una empresa necesita saber que los contratos serán respetados, que los litigios se resolverán con imparcialidad y que el gobierno no podrá modificar las reglas de un plumazo. La elección judicial, realizada con apenas 13% de participación, estuvo marcada por acordeones, candidaturas desconocidas y la intervención de estructuras políticas. En lugar de fortalecer la confianza, dejó la percepción de juzgadores cercanos al partido gobernante, lo cual debilita los contrapesos y, en consecuencia, ahuyenta el capital.
No toda la debilidad de la inversión puede atribuirse a la reforma judicial. También pesan la inseguridad, la incertidumbre comercial y el bajo crecimiento. Sin embargo, las señales son preocupantes: la inversión fija acumuló 18 meses consecutivos de caídas anuales hasta febrero de 2026. Aunque posteriormente registró cierta recuperación, continúa débil. En las encuestas de especialistas del Banco de México, la falta de Estado de derecho subió hasta convertirse en uno de los principales obstáculos para hacer negocios, sólo detrás de la delincuencia.
En resumen, a dos años de la reforma y uno de operación, no se puede acreditar que la justicia es más rápida, accesible e imparcial. Cambió la manera de seleccionar a los jueces y la integración de la Corte, pero para las víctimas, los ciudadanos y quienes quieren invertir en México, la impunidad, la lentitud y la incertidumbre siguen ahí. Y lo peor, sí hay un impacto de la reforma, pero un impacto negativo en nuestra economía, no mejoró la justicia, pero ahuyentó la inversión.
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