La elección de 2027 nos obliga a recurrir a una vieja, pero efectiva figura ciudadana que nos permite ejercer una función activa más allá de salir a votar. Me refiero a la observación electoral.
Alrededor de 20 mil cargos de elección popular estarán en juego, entre ellos 17 gubernaturas, las 16 alcaldías de la Ciudad de México, miles de integrantes de cabildos y la renovación total de la Cámara de Diputados.
No solo será una elección masiva; desde ahora observamos que viene cargada de irregularidades, inconsistencias y vicios. Pero, sobre todo, será organizada por un INE que ha perdido la confianza ciudadana. De ahí la urgencia de que la contienda sea vigilada y documentada exhaustivamente. Entre más ojos estén sobre ella, mayor será la protección del voto.
El pasado 10 de septiembre, en la sesión inaugural del proceso electoral 2026-2027, el consejero Arturo Castillo lanzó una frase contundente: "El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones". Su postura es el reflejo de intensos debates que desde hace meses ocurren en el Consejo General. Junto a él, otros consejeros (una minoría) han denunciado la descarada andanada de actos anticipados de campaña y otras irregularidades. En esa misma sesión, el consejero Martín Faz advirtió que la autoridad electoral está eliminando de forma deliberada las salvaguardas que durante décadas blindaron los comicios contra la intromisión gubernamental y la opacidad.
Hoy más que nunca se requiere echar mano de la observación electoral, herramienta que nació hace más de tres décadas de la desconfianza postelectoral, fruto de comicios tan cuestionados como los de 1988. La indignación provocada por los fraudes y la célebre caída del sistema detonó la reforma de 1990, la cual creó el IFE (sustituyendo a la Comisión Federal Electoral que presidía el propio secretario de Gobernación) junto a un paquete legislativo que dio origen al sistema electoral moderno.
En 1993, como parte de una nueva ola de reformas impulsadas por la exigencia social, esta herramienta dejó de ser solo el reconocimiento de un derecho individual para convertirse, en 1994, en una figura robusta que permitió la vigilancia colectiva a través de organizaciones civiles. En ese entonces, organizaciones como Alianza Cívica dieron ejemplo de cómo aprovechar virtuosamente la institucionalización de la figura de los observadores electorales.
Debemos recordar que la observación electoral no nació de una concesión del gobierno ni de la una iniciativa burocrática; fue una exigencia conquistada desde la sociedad civil frente al agotamiento del sistema de partido único.
Ese precedente es el espejo donde debemos mirarnos hoy. Las alarmas encendidas dentro del propio Consejo General confirman que las reglas operativas se han relajado, por ejemplo, se elimió la compulsa obligatoria para evitar que los Servidores de la Nación u otros operadores de programas sociales actúen como observadores o capacitadores, hasta la flexibilización de criterios en el escrutinio de la “boletas planchadas” (aquellas que no tienen rastro de doblez para ser depositadas en las urnas).
Si el árbitro institucional renuncia a aplicar la ley, somos los ciudadanos quienes debemos testimoniar, presenciar, auditar, documentar e informar de manera independiente el proceso electoral. No nos toca suplir la facultades del Estado ni asumir funciones que legalmente corresponden a la autoridad, pero sí exhibir y documentar si la autoridad cumple o flexibiliza las reglas.
Necesitamos un ejército de observadores electorales capacitados, enlazado al compromiso de los ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla y a la presencia de representantes de partido incorruptibles en la totalidad de las mesas de votación. Esa participación activa puede ser el dique que impida materializar el fraude que Morena busca para perpetuarse en el poder.
El pasado nos ha demostrado que es posible defender el sistema cuando somos conscientes de nuestros derechos electorales. La historia se repite; hay que estar listos para hacer lo que nos toca.
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