Jueza Martha Magaña denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial “castigo institucional” por fallos que incomodaron a AMLO

Al comparecer vía remota ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la jueza federal en retiro forzoso, Martha Eugenia Magaña López, denunció que la verdadera naturaleza del proceso que se le sigue es un intento de castigo institucional por haber osado dictar resoluciones que "incomodaron" al presidente de la República y a su aplanadora legislativa.

Arropada por magistrados, magistradas, juezas y jueces, de organizaciones como la JUFED, que no han dejado de apoyarla, sostuvo desde España que servir a la justicia es comprender que “el poder tiene límites”.

Con una trayectoria de 24 años, un mes y once días en el Poder Judicial de la Federación, defendió con rigor jurídico las suspensiones históricas que dictó en agosto de 2024 para frenar la Reforma Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lejos de claudicar ante esta ofensiva desde el propio TDJ, que preside la magistrada Celia Maya, afirmó: “Mi compromiso con México y la Constitución permanecerá siempre intacto”.

“Este procedimiento busca construir una falla que permita sostener la petición de sancionarme por mi actuación y por haber levantado la voz en defensa de una justicia independiente. He expuesto los fundamentos de mi decisión y solicito que se responda a ellos con razones jurídicas”, expresó.

Sin embargo, Magaña López denunció que durante el desahogo de su audiencia no estuvieron presentes los integrantes de la comisión encargados de resolver el procedimiento en su contra, el cual puede derivar, en el caso más extremo, en una inhabilitación, misma que le quitaría su derecho a la pensión complementaria.

“Así se hizo constar en el acta, no estuvieron presentes los miembros del tribunal, la comisión que va a tomar la determinación y tampoco la secretaria ejecutiva”.

En su posicionamiento ante los técnicos administrativos que participaron en la diligencia, expresó que, en el ejercicio de su función como titular del Juzgado Quinto de Distrito, su defensa de la independencia judicial no fue un acto de rebeldía ni constituyó una actuación al margen de la ley.

Por el contrario, aseguró que ella actuó con base en su deber constitucional, por lo que ningún juez debe ser sancionado por el solo hecho de resolver en el marco de la legalidad.

“México merece juezas y jueces libres, tribunales independientes e instituciones capaces de garantizar que la Constitución se respete, incluso en los momentos de mayor tensión institucional.  Sin embargo, las resoluciones que emití como Jueza de Distrito, en cumplimiento de mi deber constitucional y bajo los principios que han dado sustento a nuestro sistema republicano, (…) incomodaron al titular del Ejecutivo y a su mayoría parlamentaria”.

Desde Madrid, indicó que apegarse a la ley no constituye un desacato ni una fracción administrativa.

“Durante 24 años, 1 mes y 11 días serví en el Poder Judicial de la Federación. Mi actuación debe examinarse atendiendo al deber que asumí y a las circunstancias en las que me correspondió resolver. Al rendir protesta asumí el deber de proteger la Constitución, elegí servir únicamente a la justicia y servir a la justicia significa comprender que el poder tiene límites”, puntualizó.

La jueza manifestó que la Constitución debe prevalecer sobre cualquier voluntad individual y que los derechos de las personas no pueden quedar sujetos a la conveniencia política.

“En ejercicio de esa función, recibí una solicitud de amparo para detener un acto que se dirigía a vulnerarla y otorgué protección cautelar a los quejosos.  Se me reprocha haber considerado urgente el asunto, haberlo admitido a trámite y haber concedido la suspensión respecto del proceso de reforma judicial, sin atender un criterio jurisprudencial y haberme beneficiado del asunto”.

Precisó que la suspensión se fundó en derecho. “La jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido formó parte de la base de mi decisión y expliqué por qué en ese caso no era aplicable. Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y, con ello, quebrantó el Estado de derecho”.

Magaña López resaltó que las descalificaciones que hizo AMLO desde la tribuna presidencial y el rechazo de la mayoría parlamentaria no sustituían los medios legales para controvertirla. “Después se acudió al procedimiento disciplinario para buscar mi sanción. La discusión dejó de centrarse en la legalidad del acto de autoridad y se dirigió contra la jueza que lo sometió a control. Ese desplazamiento es parte de lo que he denunciado y de lo que este Tribunal debe examinar”.

Advirtió que el procedimiento que se le sigue por haber aplicado un criterio jurídico tiene graves consecuencias para la independencia judicial.

“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad. Quien resiente esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestione a quienes gobiernan”.

“Mi deber era hacer valer la Constitución cuando los quejosos solicitaron su protección y examinar si correspondía adoptar una medida antes de que el daño fuera irreparable. No podía posponer ese examen para después aceptar que las decisiones del poder eran inatacables. Tampoco la amenaza de quitarme el cargo podía determinar el sentido de mi decisión. Debía resolver conforme a los elementos del asunto y a las normas aplicables”.

El TDJ tiene un plazo aproximado de tres meses para resolver si aplica una sanción a la jueza en retiro forzoso, quien tiene programada otra audiencia el próximo 15 de octubre, igualmente para analizar su actuación al otorgar otra suspensión contra la Reforma Judicial de AMLO.

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