Madrid.- Las protestas vistas en Jalisco por la pésima calidad del agua que los ciudadanos de aquella entidad reciben en sus domicilios son comprensibles en tanto que la sociedad contrata agua pública, pero se ve obligada a beber agua privada (embotellada) con una inmensa afectación económica en las familias. Aclaro que no me gustan las protestas violentas y mucho menos la represión brutal policial.
Al respecto del delicado tema del agua a nivel nacional, hay recordar que México encabeza (patéticamente) el ranking global de consumo de agua embotellada con un promedio que ronda los 160-250 litros anuales por persona. Terrible que una nación mayoritariamente pobre utilice sus escasos recursos económicos en comprar agua embotellada -producida por particulares- porque el gobierno (nacional, estatal o municipal, da igual) es incapaz de proveer agua bebible.
Lo mismo pasa con la seguridad. La sociedad mexicana paga con sus impuestos la seguridad pública, pero ante la incompetencia de las autoridades en la materia, muchos ciudadanos, empresas y comercios (grandes, medianos y pequeños) se ven obligados a recurrir a los servicios de empresas de seguridad privada, con vigilantes, alarmas, casetas de control, cámaras de vigilancia, alambradas eléctricas, etc. Todo lo necesario para impedir (o cuando menos dificultar) el embate de los criminales. Eso cuesta dinero, muchísimo dinero que los particulares gastan por incompetencia gubernamental. Incluso podemos afirmar que ese gasto en seguridad privada resulta un factor adicional de inflación, dado que acaba siendo repercutido en los costos de esas empresas y comercios. La sensación de indefensión ciudadana frente a los criminales es total, por más que nos quiera publicitar las falaces capacidades de Omar García Harfuch, paladín de la farsa de la 4ª Transformación, a quien ya presumen en Morena más como galán barato de telenovelas, que como responsable de la seguridad nacional.
En el tema de la salud, el drama es similar. La ciudadanía paga de sus impuestos los servicios públicos de salud. El ridículo monumental que el líder nacional de la corrupción y de la asociación criminal (Andrés Manuel López Obrador) posicionó al asegurar que México tendría un sistema de salud superior al de Dinamarca, es hoy motivo de vergüenza total. Hospitales carentes de equipamiento y manutención son lo frecuente. La escasez vergonzosa de medicamentos son la constante. El ciudadano se ve obligado entonces a recurrir a médicos privados y a la compra particular de medicamentos por irresponsabilidad y culpa criminal de un gobierno descarado que ha negado hasta el cansancio su errática atención a la salud de los mexicanos. Lo anterior ha costado miles de vidas humanas y un sufrimiento humano brutal.
Hasta el día de hoy, había procurado dar el tratamiento de “presidenta de la República” a Claudia Sheinbaum Pardo. El cargo se ejerce y Sheinbaum no lo ha hecho. Se ha dedicado (en cuerpo y alma) a sus eternas, falaces, aburridas y soporíferas conferencias de prensa. Dada su incompetencia y sometimiento incomprensible a su antecesor tabasqueño, a los cárteles de las drogas y a la protección cínica a los narcopolíticos de su partido, he decidido que, a partir de hoy, me referiré a ella como “la sra. Sheinbaum, vocera de AMLO y del crimen organizado”. Merecido se lo tiene.
Albergo la esperanza de que en un futuro (no muy lejano) estos deleznables personajes (incluida la sra. Sheinbaum, vocera de AMLO y del crimen organizado) puedan enfrentar los cargos penales necesarios ante la justicia, tanto por el abandono de sus responsabilidades ante los ciudadano y por la complicidad criminal con que ejercieron el cargo, en detrimento de un adolorida nación que merecía y que merece, hoy más que nunca, un mejor destino. Que así sea.
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