Peniley Ramírez retrata con claridad, en su columna del sábado en Reforma, la sumisión del Poder Judicial a Morena. Entrevista al presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Sus respuestas muestran con cándida transparencia la naturalidad con la que asume su subordinación.
La periodista examina una consecuencia poco discutida de la reforma judicial: la Corte no solo perdió su autonomía política, sino también el control de sus recursos. Depende del Órgano de Administración Judicial hasta para comprar café o galletas. Lo preside el antiguo consejero jurídico de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
Aguilar reconoce sin alarma su dependencia. Cuenta que, después de seis meses de diálogo con el órgano administrador, acordó una propuesta para recuperar algunas facultades sobre su presupuesto. Tras persuadir a la burocracia judicial, acudió a la consejera jurídica de la Presidencia. Ella le comunicó que la presidenta haría suya la iniciativa y la enviaría al Congreso. El ministro no podía creer su suerte.
La contradicción es evidente: el presidente de la Suprema Corte busca recuperar algo de su autonomía financiera mediante la autorización del poder al que debería limitar. Para plantearlo, ni siquiera acude directamente a la presidenta o, como correspondería entre poderes independientes, al Congreso. Acude a una funcionaria. Ni siquiera a la secretaria de Gobernación, responsable de las relaciones políticas del Ejecutivo. A la consejera jurídica.
La sumisión ya es rutina.
La captura del Poder Judicial encuentra aquí su expresión cotidiana. Quien debe defender nuestros derechos necesita permiso para administrar su oficina.
Para el republicanismo, desde Roma, la libertad exige independencia. Poder conducir la propia vida sin depender de una voluntad arbitraria. Tener potestad sobre uno mismo.
Las comedias de Plauto muestran una vieja confusión: el esclavo que disfruta las concesiones de su amo se imagina libre. Pero el amo puede retirarle mañana lo que hoy le permite. La benevolencia deja intacta la dominación.
Esa dependencia transforma la conducta. Quien vive sometido calcula sus palabras. Evita incomodar. Anticipa deseos. Se censura antes de recibir una orden. Un juez sujeto al poder busca agradarlo.
Las consecuencias alcanzan a todos. Hace unos días hablé con funcionarios despedidos de una dependencia pública. Me contaron que no recibieron liquidación. Cuando reclamaron, les advirtieron que perderían cualquier juicio porque los jueces estaban controlados por el gobierno. Decidieron no demandar.
La impunidad, un mal histórico de nuestro país, inunda hasta las islas que se regían por el derecho.
La incertidumbre también alcanza a la economía. Un contrato pierde valor si su cumplimiento depende de la voluntad del poder. Invertir, emprender o conservar un patrimonio exige tribunales capaces de resolver contra quien gobierna. Sin ellos, la cercanía política pesa más que el derecho. No es casualidad que la economía prácticamente no crezca.
De Roma a Maquiavelo, Montesquieu y Madison, el pensamiento republicano buscó frenar la concentración del poder. El hilo que conecta al republicanismo clásico con el moderno es el equilibrio de poderes. Cambian las instituciones. Persiste el propósito: impedir que alguien domine arbitrariamente la vida de los demás.
Recuperar la independencia judicial es recuperar la libertad y las bases de la prosperidad. Esa debe ser una tarea central de un proyecto republicano que confronte al populismo de Morena.
Una Corte que pide permiso hasta para comprar café coloca nuestra libertad en la guillotina. El verdugo decide cuándo dejar caer la cuchilla.
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