La defensa del exfiscal sostiene que la FGR y el juez no precisaron qué actos pusieron en riesgo la soberanía y la independencia de México
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La defensa del exfiscal sostiene que la FGR y el juez no precisaron qué actos pusieron en riesgo la soberanía y la independencia de México
La defensa legal del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, apelará la vinculación a proceso por el delito de traición a la patria, una imputación sustentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en 149 supuestos datos de prueba y en la cual se le atribuye una coautoría y presunta "falta de amor a la patria".
La causa penal se deriva de los hechos ocurridos en abril pasado durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la zona de El Pinal, en la sierra Tarahumara, donde participaron cuatro agentes de la CIA.
El abogado Héctor Villasana afirmó que ni la resolución del juez de control del Altiplano, Ricardo Santos Dorantes, ni la investigación de la FGR "explican suficientemente" qué actos concretos produjeron ese supuesto riesgo a la soberanía y a la independencia de México por parte de su defendido.
Dijo que durante la larga audiencia para definir la situación jurídica de Jáuregui no se mostró un solo dato de prueba firme de que él haya autorizado la participación de los oficiales estadounidenses, dos los cuales fallecieron en un accidente automovilístico.
La Aurora le preguntó sobre los datos de prueba que presentó la Fiscalía.
"Son más de 140, pero cantidad no es calidad", aseveró.
Incluso, consideró que existe una "gran debilidad" en el delito de traición a la patria que fincó la FGR, el cual será combatido a través de la impugnación.
Además, recordó que en su entonces calidad de fiscal general de justicia del estado de Chihuahua fue el propio Jáuregui quien solicitó en la mesa de seguridad y paz el apoyo de mandos y personal de la Secretaría de a Defensa Nacional (Defensa) que estuvieron presentes en el operativo.
"Se le atribuye una intervención como coautor, hay que aclarar que la resolución no es una condena, es una determinación preliminar de someter a proceso".
Señaló que de los supuestos datos de prueba del Ministerio Público de la Federación no se demuestra, sino únicamente se infiere que el exfuncionario cometió traición a la patria, pero lo hace por las reuniones que tuvo con sus subordinados, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, y del director de Operaciones Estratégicas, Guillermo Zuany.
"A partir de esas reuniones infieren que debió haber ordenado o autorizado la presencia de agentes,de la CIA, sin embargo no existe una sola prueba que identifique esa orden o autorización".
Además, hasta el momento no ha sido notificado formalmente de la apertura de otras investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción relacionados con la operación de casinos y prestanombres, según la versión del gobierno federal y de la fiscal Ernestina Godoy.
En la audiencia en la que se le vinculó a proceso, la FGR expuso en sus argumentos que "la falta de patriotismo o de amor a la patria por parte del imputado, incidieron en que haya permitido que personas extranjeras armadas intervinieran, sin autorización ni atribuciones para ello, en territorio nacional, en acciones que solo corresponden a la Federación", según reveló este domingo la propia institución.
"En la continuación de audiencia, el representante de la Fiscalía General de la República argumentó, ante la autoridad judicial, que se trató de un delito de peligro; es decir, un ilícito en el que la ley castiga la conducta por poner en riesgo un bien jurídico protegido, en este caso, la seguridad nacional y la soberanía de nuestro país".
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