El gobierno de Morena no solo le robó la seguridad, la paz y la tranquilidad a la población campechana; también ha propiciado irresponsablemente la debacle económica de sus familias y, para 2027, Campeche será la entidad federativa más castigada en la asignación de recursos presupuestales federales, comparado con lo que recibió en 2018.
La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que 63 de cada 100 campechanas y campechanos se sienten inseguros, mientras que en 2020 eran 53. Hoy, con el gobierno de Layda Sansores, hay más víctimas y más delitos. Peor aún, desde 2022, de cada 10 homicidios dolosos que se cometen en Campeche, siete son ejecuciones. No pocos de ellos realizados al mejor estilo de los que aparecen en las series televisivas que narran las andanzas de capos colombianos.
Las decisiones en materia de seguridad han complicado la situación en la otrora pacífica entidad. Se importaron una gran cantidad de funcionarios que, sin conocimiento de la entidad y sin apego a ella, no atinan a resolver los problemas. Por otra parte, la instrucción de López Obrador de “abrazos y no balazos” fue atendida por la locuaz gobernadora hasta los límites de llegar a la indolencia.
Campeche, además, es la entidad federativa con más decrecimiento económico en cinco trimestres consecutivos. Es líder en pérdida de empleos, con más de trece mil en el último año; cientos de empresas han quebrado, principalmente en Ciudad del Carmen, por el incumplimiento de pagos de Pemex a sus proveedores, y 60.3 por ciento de su población ocupada está en la informalidad, con ingresos mensuales menores al salario mínimo y sin prestaciones de seguridad social.
A esta tragedia se suma el castigo presupuestal del gobierno federal de Morena. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, Campeche dejará de recibir 74 mil 731.4 millones de pesos, es decir, 37.77 por ciento menos de recursos en comparación con lo que recibió en 2018, al pasar de 197 mil 842 millones a tan solo 123 mil 110.6 millones de pesos.
Los recursos que se pretenden asignar para los servicios de salud y educación presentan reducciones significativas y, para la construcción y conservación de carreteras, así como para que la CFE realice obras que eviten los constantes apagones, no hay un solo peso. El anuncio de que ya no se darán más recursos presupuestales para apoyar la operación de Pemex es un mal mensaje para sus proveedores, porque ello indica que no les pagarán, sin que nadie del gobierno de Morena en Campeche, comenzando con la gobernadora Layda Sansores, eleve la voz y exija que el gobierno federal cumpla para así contener el desastre económico que ha generado graves daños a las familias carmelitas y campechanas.
Campeche, entonces, vive una tragedia sin precedentes con el régimen que instaló López Obrador. No hay voluntad ni estrategia para que las cosas mejoren. Tampoco se escucha, por parte del gobierno local, algún reclamo contundente hacia la Federación, como sí se hace para ofender a los críticos y opositores; por el contrario, hay una total y gran irresponsabilidad que cada martes se trata de ocultar con coreografías, canciones, bailes y engaños.
Layda Sansores, una mujer sin idea en las tareas de la administración pública, evade la realidad y se marcha al extranjero en cuanto puede. Los subalternos se mal encargan de las tareas de gobierno y, ante la menor crisis, recurren al expediente autoritario de tratar de callar a la prensa y perseguir opositores.
(Columna escrita en colaboración con Miguel Sulub Caamal)
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