China acaba de aprobar una reforma que merece atención. El 28 de agosto aprobó una revisión integral de su Ley de Movilización de la Defensa Nacional, vigente desde 2010, que entrará en vigor el 1 de octubre. La reforma amplía el sistema para convertir capacidades económicas, sociales y militares en capacidad de defensa y guerra. Tres cambios son particularmente relevantes.
El primero es qué puede desencadenar una movilización. La ley de 2010 contemplaba amenazas a la soberanía, unidad, integridad territorial y seguridad. La reforma agrega los “intereses de desarrollo”, ampliando el concepto de amenaza, en un nuevo contexto internacional donde la globalización y la interdependencia también se perciben como vulnerabilidades estratégicas. Un bloqueo tecnológico, una interrupción grave de suministros, un ataque cibernético contra infraestructura crítica o una acción que comprometa energía, chips, minerales o rutas estratégicas son expresiones de una confrontación cada vez más común: la guerra híbrida, que combina instrumentos militares, económicos, tecnológicos y cibernéticos y puede mantenerse deliberadamente por debajo del umbral de una guerra abierta.
El segundo aspecto es quién tiene la capacidad para ordenar una movilización. En la ley de 2010, la decisión correspondía al Consejo de Estado y a la Comisión Militar Central. La nueva versión coloca al Partido Comunista Chino al frente de la movilización y refuerza la autoridad de Xi Jinping, que encabeza tanto el partido como la Comisión Militar Central. La decisión política, los recursos del Estado y el poder militar quedan así bajo un mismo centro, reduciendo la separación entre economía, comercio, gobierno y defensa.
El tercero, y quizá más relevante para el resto del mundo, impacta las cadenas de valor y al sector privado. Además de recursos militares, tecnológicos, económicos, industriales y logísticos gubernamentales, la ley prevé requisar recursos civiles y obliga a las empresas y organizaciones a las que se asignen tareas de movilización a poner capacidades productivas, tecnología, infraestructura, equipos y personal al servicio de la defensa. Las empresas chinas sujetas a estas obligaciones pueden poner su capacidad tecnológica, industrial y logística al servicio de la maquinaria de guerra china. Con ello, una relación empresarial puede convertirse en una vulnerabilidad estratégica para gobiernos y compañías que dependen de proveedores, tecnología o infraestructura vinculados con China.
¿Por qué China necesita ampliar justo ahora su capacidad de movilización? Beijing está aprendiendo de la guerra en Ucrania y del conflicto entre Estados Unidos e Irán que las guerras modernas consumen reservas, tensionan cadenas de suministro y hacen decisivas las capacidades industriales, tecnológicas y energéticas. También han mostrado el costo de no poder reponer rápidamente municiones cuando se sostienen operaciones en varios frentes, una vulnerabilidad que incluso Estados Unidos está experimentando, de acuerdo con The Wall Street Journal.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán muestra otra dimensión de la guerra moderna para Beijing: las dependencias económicas también pueden limitar las opciones militares. China mantiene una relación comercial y energética estratégica con Irán y es uno de sus principales compradores de petróleo. Cualquier intento de Washington por cortar abruptamente ese suministro elevaría el costo de la guerra y podría abrir un nuevo frente de tensión con Beijing. La dependencia de China respecto de Irán también limita el margen de maniobra de Washington.
Taiwán es el escenario donde esta nueva capacidad cobra mayor relevancia. China está reforzando ejercicios de bloqueo y control marítimo alrededor de la isla. La nueva ley amplía su capacidad para movilizar recursos económicos, industriales, tecnológicos y civiles ante una confrontación. Para Washington, el cálculo sobre Taiwán tendrá que considerar no solo la capacidad militar china, sino la capacidad de Beijing para convertir rápidamente sus recursos nacionales en poder de guerra.
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