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El narco ha reclutado, explotado o desaparecido a más de 18 mil niños en México; CIDH emite 40 recomendaciones

El organismo alertó que la impunidad, la corrupción y la falta de coordinación impiden superar la crisis de desaparecidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 40 recomendaciones al gobierno de México para enfrenar el fenómeno “generalizado” e “indiscriminado” de las desapariciones, entre ellas la adopción de medidas urgentes de protección a menores de edad.

El organismo internacional indicó que al 19 de agosto de 2025 se tenía el registro de 18 mil 192 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el país, hoy convertidos en uno de los grupos más vulnerables del reclutamiento del crimen organizado, trata, explotación sexual, entre otros delitos.

En su informe sobre Desapariciones en México 2026, afirmó que, en contextos de exclusión social y presencia del crimen organizado, la garantía del derecho a la educación es fundamental para la protección de esta población, particularmente para evitar el abandono escolar.

Del total de menores desaparecidos, 9 mil 342 son niñas y adolescentes mujeres y 8 mil 817 niños y adolescentes hombres. Esto significa que desaparecen más niñas y mujeres adolescentes.

Las entidades con el mayor número de menores reportados como desaparecidos son Estado de México (4 mil 113); Tamaulipas (mil 589) y Ciudad de México (mil 585)

La CIDH alertó que en México el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades ilícitas, como el narcotráfico, debe ser prohibido y eliminado con carácter de urgencia, como obligan diversos convenidos, entre ellos el suscrito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, documentó testimonios de colectivos sobre adolescentes de entre 13 y 14 años que son reclutados por el crimen organizado a cambio de dinero o armas.

“En algunos casos, las víctimas regresarían con vida. En otros casos, los adolescentes se unirían permanentemente a los grupos criminales, o perderían la vida en enfrentamientos armados”.

El enrolamiento de niños, niñas y adolescentes para fines delictivos sería más proclive en 18 entidades, destacando el Estado de México (Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli); Guanajuato (León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria); Jalisco (Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zuñiga, Zapopan).

En tanto que niños sobrevivientes declararon haber sido usados como combatientes, para la preparación de estupefacientes o como mensajeros.

La CIDH indicó que en la mayoría de los casos el reclutamiento es forzado y en algunos aparenta ser “voluntario” aunque responde a presiones económicas o de seguridad contra el niño, la niña o su familia y citó el caso de “Juanito Pistolas”, quien a los 13 años era sicario y murió en 2019 en un enfrentamiento con autoridades en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Reclutamiento forzado y perspectiva de género

Entre las 40 recomendaciones del organismo de la OEA a México están incluir en sus políticas de protección de niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado por el crimen organizado la atención a las causas diferenciadas de los riesgos desde una perspectiva de género.

Incluyen también definir en la ley el alcance de la “aquiescencia” para la determinación de si la desaparición de una persona ocurrida en contextos de fuerte presencia de la criminalidad organizada le resulta atribuible a agentes del Estado.

Erradicar la estigmatización de las familias que buscan a sus seres queridos en todas las etapas procesales, desde la presentación de la denuncia. Para ello, diseñar e implementar un programa de capacitación obligatorio y permanente dirigido al personal del Ministerio Público.

Adoptar medidas para garantizar que los hallazgos realizados por familias y personas buscadoras sean seguidas del inmediato aseguramiento del lugar y el resguardo de la cadena de custodia.

Evaluar la eficacia de la articulación del Banco Nacional de Datos Forenses, con registros locales que asegure el funcionamiento pleno de consulta y carga de acuerdo con la regulación vigente.

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