En su enorme frustración por la imagen que nuestro país da al resto del mundo, el régimen morenista recurrió a una de las salidas más desesperadas que ha utilizado hasta el momento: criminalizar la protesta de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
La reacción a lo que desde hace meses se anunció como el ejercicio del derecho constitucional a la protesta legítima (de cara a la inauguración del Mundial, por parte de quienes tienen años, tal vez décadas, buscando a sus seres queridos desaparecidos) es sin duda una de las respuestas más reprobables que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado a quienes le incomodan por expresar su indignación y su dolor.
La causa de los desaparecidos es quizá la más extendida en todo el país. Ninguna entidad federativa se salva de tener en su territorio la labor incansable de colectivos de familiares que van en grupo con varillas y palas a buscar en fosas, campos de exterminio, terrenos baldíos y cualquier espacio donde sea posible que hayan ido a dar los cuerpos de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que desaparecieron, fruto de los actos criminales de grupos que operan ante la mirada cómplice de las autoridades, o cuando menos ante el silencio y la negligencia de quienes debieran procurar seguridad y justicia.
Esta tragedia ha provocado un desfile interminable de familiares que portan en el pecho y la espalda las fotos de sus hijos, hermanos, padres, madres, sobrinos… y que recorren el territorio exigiendo su aparición. Como don Gustavo Hernández, quien busca a su hijo Abraham Zeidy desde mayo de 2024 en Escobedo, Nuevo León, y que conmovió al país entero al pedirle, entre un llanto estremecedor, a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el 10 de abril de 2025, que le ayudara a encontrar "aunque sea un huesito" de Abraham para darle cristiana sepultura.
Esa misma secretaria, sin respuestas, sin presupuesto, sin estrategia ni acciones para enfrentar el monstruo de los desaparecidos, tuvo el cinismo de declarar ante la mirada complaciente de la presidenta: "Contamos con información que indica que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos". Como si conseguir dinero para un autobús y venir a la Ciudad de México a exigir justicia fuera un crimen.
El gobierno que criminaliza la protesta es el mismo que no ha investigado de dónde provienen los recursos para que Rocha Moya y su pandilla criminal llegaran al poder en 2021; ni los recursos que múltiples investigaciones en Estados Unidos han concluido que provienen del huachicol fiscal, uno de los mayores fraudes contra la hacienda pública federal, y que financió elecciones de gobernadores del norte que siguen intocados, como Américo Villarreal, en Tamaulipas, o Alfonso Durazo, en Sonora. Tampoco investigan de dónde salen los recursos para las mansiones millonarias de Marina del Pilar, quien ya no puede cruzar la frontera siendo gobernadora de un estado fronterizo; ni de dónde se ha hecho millonario Andy López Beltrán y cientos de morenistas más.
Importa de dónde viene el dinero para pagar un autobús y unas tortas para exigir justicia. No importa, en cambio, de dónde provienen los recursos para acarrear a decenas de miles de personas a los eventos masivos que organiza la presidenta para ser aplaudida, eventos donde queda documentado el gasto excesivo de recursos públicos para traer gente de todo el país, pagarles el día, alimentarlos y transportarlos.
Termino con la impecable respuesta que una madre buscadora le dio a Rosa Icela Rodríguez: “Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pídale a la fiscalía, por favor, que en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se pongan a investigar cómo se fueron nuestros hijos”.
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