En la entrega pasada reflexioné sobre el liberalismo y sus valores. Hoy, la nueva “reforma electoral” es uno de los temas centrales de la agenda nacional. El debate se polariza: ¿es un instrumento de perfeccionamiento institucional o un retroceso que dinamita los logros de la democracia mexicana? Por ello, conviene detenernos en lo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democracia?
En una definición mínima, propuesta por el politólogo Norberto Bobbio, la democracia es un conjunto de reglas para tomar decisiones colectivas. Son las “reglas del juego” que determinan quién decide y cómo decide.
Esa definición supone tres elementos básicos. Primero, inclusión, un número amplio de personas con derecho a participar. Segundo, la regla de mayoría que permite tomar decisiones legítimas, siempre que no se establezcan condiciones que impidan a las minorías convertirse en mayorías. Tercero, libertades que hagan reales las alternativas. Sin libertad de expresión, de asociación y de información, no hay decisión auténtica, sólo aclamación, imposición o simulación.
Es, cierto, una definición básica. Pero permite distinguir entre regímenes donde el poder se somete a reglas, y aquéllos donde descansa en la voluntad de uno o de pocos.
Pero la democracia no es sólo un método para tomar decisiones. Descansa también en valores. La igualdad política —un voto por persona— expresa la idea de que todos tenemos el mismo valor. La libertad, que protege la posibilidad de disentir sin temor. El pluralismo, que reconoce que la sociedad está compuesta por proyectos de vida distintos que pueden convivir e interactuar. La tolerancia y el respeto a las minorías recuerdan que la mayoría decide, pero no lo puede todo. Y la responsabilidad cívica, que es la disposición a informarse, deliberar, participar y aceptar reglas comunes.
Ahora bien, la democracia real es mucho más compleja, particularmente en un mundo donde los centros de poder se han reconfigurado y compiten en arenas que eluden las coordenadas espacio-temporales tradicionales.
Una de las fracturas más visibles es la crisis de representación. En el mundo entero los partidos, que fueron el vehículo privilegiado para articular intereses y convertirlos en programas de gobierno, hoy arrastran desconfianza, burocratización, en muchos casos corrupción y una preocupante desconexión con la ciudadanía.
La revitalización democrática exige transitar hacia nuevas formas de representación que demanden mayor apertura, deliberación y responsabilidad. Esto implica fortalecer los contrapesos cívicos y aprovechar las herramientas tecnológicas, no como sustitutos de la política, sino como facilitadores de una participación informada. La democracia requiere una responsabilidad cívica activa; no es un bien que se adquiera de una vez y para siempre, sino una construcción permanente.
La reforma electoral que está en la mesa redefine reglas y equilibrios. Preguntémonos si responden a ese conjunto de convicciones y valores que conlleva la democracia. Entre otros, que nadie posee la verdad. Que el poder es pasajero y debe estar sujeto a reglas y rendición de cuentas. Que el adversario no es un enemigo, sino un competidor legítimo.
Ser demócrata no es romántico ni ingenuo. Es saber que, aunque no es perfecta, es la mejor forma de gobierno que tenemos para vivir con desacuerdos.
