Donald Trump parece ya decidido a ordenar incursiones en terreno para combatir a los cárteles de las drogas.
Esto eleva los riesgos para México y puede comprometer la soberanía y detonaría toda clase de reacciones.
Es una zona por demás pantanosa, porque inauguraría una etapa más que sombría y con consecuencia impredecibles, pero necesariamente dramáticas.
Trump dijo: “Si México no ataca al narco, Estados Unidos lo hará”, sabe que habrá reacciones y se adelanta al señalar que se “escucharán algunas quejas, de algunas personas, en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”.
Aunado a ello, La Casa Blanca colocó a los cárteles de narcotráfico como sus objetivos en las estrategias de Seguridad Nacional y antiterroristas. Eliminar a esos grupos es una “máxima prioridad”, ya que los definen como “actores capaces de desestabilizar regiones completas, infiltrar gobierno y causar muertes masivas”.
¿Las áreas de seguridad y lo que queda de las de inteligencia ya están analizando escenarios? ¿La cancillería está preparada? ¿Qué se hará, además de las protestas de rigor en organismos internacionales? ¿Se propiciará una ponderación sobre el nivel de la reacción dependiendo de los objetivos que sean atacados o capturados? ¿Se está desplegando un trabajo de relaciones públicas en Washington y en los estados fronterizos para buscar aliados? ¿Se tomará en cuenta el anuncio del procurador Todd Blanche de que pueden venir más acusaciones contra políticos?
Se puede seguir en la ruta de ganar tiempo, asumiendo que al norte de la frontera también analizan las consecuencias y los efectos que puede tener una operación unilateral, pero esto sería dejar todo en manos de Washington.
Con Trump nunca se sabe, y por ello sería prudente anticiparse, reforzar operativos contra las organizaciones del crimen organizado, pero, sobre todo, dejar de mandar mensajes ambiguos sobre el nivel de compromiso y colaboración.
La percepción de que el gobierno mexicano no hace lo suficiente proviene de la política de “abrazos, no balazos”, pero también de la ambigüedad cuando se trata de investigar y, ya no se diga, proceder contra políticos que andan en malos pasos.
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