Al gobernador de Sonora le quitaron ya visa, mientras que al de Tamaulipas le investigan por huachicol y que están catalogados en un concepto de Significant Public Benefit Parole, una figura migratoria para personas cuya presencia en EU es de interés público
De acuerdo con un reportaje publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times, autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado.
La publicación sostiene que ambos mandatarios estatales habrían sido objeto de medidas migratorias por parte del gobierno estadounidense. Según el reporte, la visa de Durazo habría sido cancelada desde el año pasado mientras se desarrollan indagatorias sobre un supuesto vínculo con organizaciones criminales, mientras que la investigación sobre Villarreal estaría relacionada con presuntas redes de tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol y tampoco tendría el visado.
El diario señala además que, pese a la supuesta cancelación de sus visas, ambos gobernadores habrían ingresado a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial denominado Significant Public Benefit Parole, "libertad condicional por razones humanitarias o de beneficio público significativo para extranjeros fuera de los Estados Unidos", una figura migratoria utilizada en circunstancias excepcionales y que, de acuerdo con el reportaje, suele emplearse para personas que colaboran con investigaciones federales o cuya presencia en Estados Unidos es considerada de interés público.
"Realmente está destinado a ser utilizado como una herramienta para obtener inteligencia y obtener pruebas", dijo Vanda Brown de la Brookings Institution al diario estadounidense sobre el programa.
Hasta el momento no existe ninguna acusación formal presentada por autoridades estadounidenses contra Durazo o Villarreal, ni se ha informado de imputaciones penales en su contra.
La información surge apenas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, un caso que detonó una de las mayores tensiones diplomáticas recientes entre México y Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump ha endurecido su estrategia para combatir las redes de corrupción vinculadas al narcotráfico y ha ampliado las investigaciones sobre posibles nexos entre organizaciones criminales y actores políticos en distintas regiones de México.
De acuerdo con fuentes consultadas por Los Angeles Times, el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ha asumido un papel central en la cancelación de visas. Este organismo, que forma parte de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, ha concentrado ahora buena parte de sus esfuerzos en los cárteles mexicanos que han sido catalogados como organizaciones terroristas y en los políticos presuntamente vinculados o coludidos con dichas organizaciones criminales, más que en las amenazas provenientes de Medio Oriente, señalaron las fuentes.
"Fuentes familiarizadas con la nueva estrategia indicaron que no todas las agencias de seguridad y procuración de justicia de Estados Unidos respaldan la ampliación de las cancelaciones de visas, ya que consideran que esta medida puede, en algunos casos, interferir con investigaciones criminales en curso", indica el texto.
Tras la publicación, ambos gobiernos estatales rechazaron categóricamente los señalamientos.
Américo Villarreal aseguró en una comunicación enviada al diario estadounidense que las acusaciones son "falsas, parciales y carentes de pruebas". El mandatario tamaulipeco afirmó que durante toda su trayectoria como servidor público ha actuado con transparencia, responsabilidad y pleno respeto a la ley.
Asimismo, su coordinador de Comunicación Social Gerardo Algarín posteó en sus redes sociales que rechazan categóricamente las acusaciones del diario estadounidense contra el gobernador tamaulipeco, porque "carecen de cualquier prueba que las respalde".
Por su parte, la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, negó que Alfonso Durazo esté siendo investigado por autoridades estadounidenses y aseguró que el mandatario mantiene vigente su documentación migratoria.
"El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos", señaló la funcionaria a través de sus redes sociales. Asimismo, afirmó que el gobierno estatal rechaza cualquier señalamiento sin sustento y reiteró su compromiso con la transparencia.
La revelación incrementa la presión política sobre Morena, partido que ya enfrenta cuestionamientos derivados de las investigaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, uno de ellos, el general en retiro Gerardo Mérida, ya testificó incluso ante la corte del Distrito Sur de Nueva York. También alimenta las versiones sobre una posible ampliación de las pesquisas estadounidenses hacia otros actores relevantes del sistema político mexicano.
Hasta ahora, Claudia Sheinbaum y su gabinete han sostenido que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas y rechazado que existan elementos suficientes para acreditar responsabilidades penales contra gobernadores en funciones.
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