La presunción de inocencia es uno de los pilares de cualquier Estado de derecho. Significa que nadie debe ser condenado antes de que existan pruebas suficientes y un proceso imparcial. Es un principio que protege a todos, sin importar el cargo que ocupen o el partido al que pertenezcan. El problema comienza cuando ese principio deja de aplicarse de manera pareja.
En los últimos días volvieron a difundirse grabaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. En ellas se habla de supuestos contactos con intermediarios relacionados con autoridades estadounidenses negociando la entrega de información de seguridad nacional a cambio de impunidad y de su visa. La gobernadora respondió con un video en el que negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que las conversaciones fueron sacadas de contexto.
Hasta ahí, cualquiera podría sostener que merece el beneficio de la duda. En efecto, toda persona merece que los hechos se investiguen antes de ser condenada, pero con Morena en el poder suceden dos cosas: primero, a sus correligionarios ni siquiera los investiga incluso ante señalamientos graves y, segundo, el beneficio de la duda no parece aplicarse cuando el señalado pertenece a la oposición.
Basta recordar lo ocurrido con Maru Campos, a quien quisieron perseguir y acusar de traición a la patria por desmantelar un narcolaboratorio con supuesta presencia de agentes de la CIA en el operativo. Se le fueron con todo sin investigar antes nada. Fue sometida a una intensa persecución política e incluso la citaron a declarar ante la Fiscalía General de la República, sin media prueba y sin delito que perseguir. Sin proceso judicial previo, ya había sido sentenciada en la plaza pública.
Ante este caso la presidenta nunca pidió prudencia ni habló de presunción de inocencia, al contrario, utilizó la mañanera para señalarla y distraer la atención del caso de Rocha Moya, al que sí protegió y escondió.
Cuando las preguntas alcanzan a integrantes de Morena, la exigencia cambia. Ahora, en el caso de Marina del Pilar, se pide esperar, no especular y respetar el debido proceso. Exactamente lo que siempre debió hacerse con cualquier persona, sin importar su militancia.
El contraste volvió a hacerse evidente en estos días. Mientras seguían abiertas las preguntas sobre Marina del Pilar y continuaban las versiones sobre un eventual regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa —sin que los señalamientos públicos que han marcado su administración hayan sido plenamente esclarecidos—, la conversación política cambió de golpe con la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
Que quede claro, si Ernesto Ruffo cometió un delito, debe responder ante la justicia. Nadie puede reclamar privilegios frente a la ley, pero tampoco nadie puede ser perseguido siendo utilizado para crear cortinas de humo que ayuden a silenciar los escándalos de casa, y eso es lo que está sucediendo en México una y otra vez. En aras de seguir protegiendo a actores de la cúpula política del partido gobernante y otorgando a los de casa privilegios de inmunidad, Morena deliberadamente crea escándalos que involucren a la oposición.
Además, es preocupante ver cómo nos empezamos a acostumbrar a dos velocidades distintas para exigir responsabilidades, una cuando el señalado pertenece a Morena y otra cuando pertenece a la oposición. Una donde predominan el silencio, la cautela y el beneficio de la duda y otra donde la condena política suele llegar mucho antes que las resoluciones judiciales.
Cuando el beneficio de la duda depende del partido al que se pertenece, la justicia deja de ser imparcial y deja de ser contrapeso del poder para convertirse en un instrumento del poder mismo.
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