En el distrito de Bravos, en Ciudad Juárez, despacha la juez Silvia Rocío Delgado, quien resultó vencedora en la elección judicial.
Su hoja de vida destaca porque fungió como abogada de Joaquín El Chapo Guzmán. Su papel consistió, en 2016, en ser el enlace para mantener informado a su cliente de los amparos y del desarrollo de su situación jurídica.
Inclusive viajó a Estados Unidos para auxiliar a Emma Coronel, la esposa del líder del Cártel de Sinaloa y participó en un documental sobre abogados de los mafiosos.
Este aspecto, relevante al tratarse de quien quería ser juez penal, fue dado a conocer por la organización Defensorxs en plena contienda por los cargos.
A quienes analizaron los perfiles de los aspirantes a las plazas judiciales no les llamó la atención la calidad de los clientes de la ahora jueza en Chihuahua y mucho menos a los que elaboraron los acordeones para orientar el voto.
El asunto habría quedado en una muestra más de los daños que ya se han generado al Poder Judicial, pero la juez Delgado denunció a Miguel Alfonso Meza, el impulsor de Defensorxs, y a diversos medios de comunicación por violencia política en razón de género.
La queja no había prosperado, porque en el Tribunal Electoral de Chihuahua la descartaron, en las primeras instancias, pero el asunto llegó a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara, donde decidieron que sí existió el agravio, por lo que se ordenó inscribir al director de Defesorxs en el padrón de violentadores por 180 días, a borrar de la web las notas y análisis sobre la juez, que se refieren a sus litigios en favor de El Chapo y, por supuesto, a disculparse con la denunciante. ¿Dónde queda la verdad? ¿Los ciudadanos no tienen derecho a saber de dónde proceden los jueces y, más aún, si ahora se les elige por voto popular?
Es un despropósito, pero va marcando una tendencia en las instancias judiciales para utilizar la violencia política en razón de genero para censurar periodistas, activistas y académicos, o para inhibir las críticas a determinados personajes.
Los magistrados Rebeca Barrera Amador, Irina Graciela Cervantes y Sergio Antonio Guerrero Olvera, accedieron a la Sala Regional, porque los incluyeron en los acordeones. Es decir, no pueden negar su marca de origen. Ahora elevan a una juez a la categoría de “Dato Protegido”, con todo lo que ello implica. Son el Tribunal Electoral de la censura.
