El miércoles en la mañana empezó a circular en los chats de Whatsapp un supuesto PDF con la iniciativa de reforma electoral del gobierno federal. Casi de inmediato, hubo gente aclarando que no se trataba de la iniciativa oficial, sino de una tentativa para desinformar y confundir. Antes de eso, la fecha de presentación de la iniciativa se modificó de un día para otro y al final no se presentó ninguno de los dos días. Sabemos que el PVEM y el PT tienen objeciones serias al planteamiento original del gobierno que ellos llevaron al poder. En suma, el desorden es evidente.
Hay quienes afirman con ligereza que Morena es el nuevo PRI. No lo veo, el PRI fue muchas cosas, pero no era un partido de políticos faltos de oficio. Las iniciativas de ley se presentaban cuando las tensiones internas en el grupo gobernante ya se habían planchado. Desde luego, ese planchado no se hacía a los ojos del público. Mienten quienes afirman que bastaba con una orden presidencial para tramitar cualquier ley. La palabra presidencial daba la instrucción final sí, pero no sin antes haber hecho los esfuerzos de conciliación necesarios entre grupos campesinos, obreros y empresariales. Los liderazgos de los sectores tenían que negociar continuamente, por lo regular en Segob para hacer concesiones en determinados temas, pues no todas las iniciativas los beneficiaban por igual. Algunas incluso perjudicaban ciertos sectores y tenían que disciplinarse, pero siempre negociando una concesión en otro terreno.
Esa operación política discreta pero eficaz se echa de menos en la 4T. Resulta penoso atestiguar la falta de control presidencial sobre las bancadas de su propio partido, ya no digamos sobre las de otros partidos supuestamente aliados. Queda muy clara la falta de operadores políticos de confianza al servicio de la Presidencia, así como la ausencia de la Secretaría de Gobernación en este proceso.
El conflicto, sin embargo, fue interconstruido de origen. Cuando AMLO estableció las reglas de la sucesión y de la farsa de competencia interna en Morena por la candidatura presidencial, dejó claro que quien perdiera la candidatura, se quedaría con alguna de las cámaras legislativas por ejemplo. Es decir, la gobernabilidad y la construcción de equipos de confianza para el Ejecutivo no importaba. Lo relevante era cumplir con las cuotas y satisfacer los caprichos del caudillo. Ese proceso de desmantelamiento institucional es lo que tiene al país postrado de rodillas.
¿Por qué importa esta imagen de desorden en la elite dirigente? Piense usted cómo la están leyendo dos actores principales: Estados Unidos y el narco. El primero advierte la debilidad del Poder Ejecutivo mexicano y lo interpreta como un facilitador en su capacidad de ejercer presión diplomática o hasta militar. El segundo percibe que con todo y el operativo de El Mencho, en México la Presidencia no tiene el control político del país. En otras palabras, la coyuntura se vuelve favorable para intimidar al gobierno con represalias por el operativo contra El Mencho. A río revuelto, ganancia de Donald Trump y del narco.
