Cuando la ministra Loretta Ortiz se quitó el implante coclear frente al pleno de la Suprema Corte, las redes no hablaron del argumento. Hablaron de las palabras.
"Sordomudo", "Carga fiscal." Eso fue lo que quedó.
Los señalamientos eran válidos. El término borra la identidad de una comunidad que tiene lengua, gramática y cultura propias. La frase sobre la carga fiscal, aunque Ortiz la usó para denunciar un estereotipo, se reprodujo sin el marco adecuado, desde una posición de poder donde las palabras pesan distinto. La comunidad sorda tiene razón en señalarlo.
Pero mientras la conversación giraba alrededor de las palabras, el fondo se quedó sin aire.
Lo que Ortiz estaba argumentando era otra cosa. El Congreso de Tamaulipas aprobó una ley de cuotas laborales para personas con discapacidad, sin consultar a las personas con discapacidad. Una ley que, en apariencia, las beneficiaba. El problema no era la intención. Era que nadie les preguntó.
Su intervención mostró algo más: que dentro de la comunidad sorda no hay una sola postura. Hay quienes eligen el implante coclear. Hay quienes lo rechazan porque ven la sordera como identidad cultural, no como condición a corregir. Una ley decidida sin consulta no puede ver esa diferencia. Por eso es insuficiente, aunque parezca un avance.
La Corte le dio la razón. Declaró inválida la ley y le dio al Congreso 12 meses para hacer lo que debió hacer desde el principio: consultar.
Ese es el logro. Un logro que casi no se vio.
Esto no es un argumento para ignorar el lenguaje. Es un argumento para no dejar que la forma consuma al fondo. Cuando la indignación por cómo se dijo algo agota toda la energía disponible, quienes pagan el costo no son quienes usaron las palabras incorrectas. Son quienes esperaban que alguien defendiera su derecho a ser consultados.
El principio que la ministra defendió ese día tiene nombre: "Nada sobre nosotros sin nosotros". Vale la pena repetirlo. Vale más defenderlo.
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