Empresas ligadas a proveedor consentido de Taddei obtuvieron contratos de 27 organismos electorales locales

Cinco empresas ligadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron contratos de 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en 12 años, lo cual arroja un total de 2 mil 561 millones de pesos en 106 contratos

El modo de operar para la asignación de contratos era que dos empresas del mismo grupo presentaban ofertas con precios elevados, lo que subía la mediana. La oferta más baja era descalificada y ganaba la más alta, lo que constituye una simulación de la competencia.

Esto, incluso, fue calificado por el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, como una operación de colusión para favorecer a las empresas de Hernández Casillas.

Las empresas del proveedor del INE en la época en que Guadalupe Taddei encabezó el órgano electoral –renunció el 25 de octubre-- son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México. 

El 77 por ciento del monto; es decir, mil 883 millones de pesos, se contrató en los últimos cinco años. Cajas Graf captó más de mil 72 millones de pesos en contratos con OPLE, y Formas Finas y Materiales, más de 815 millones. El OPLE de Veracruz fue el que asignó más recursos a este grupo de empresas, según el informe presentado. 

OPLEs cercanos a Taddei

En los institutos de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo hay a funcionarios cercanos a Taddei o designados durante su presidencia, cuando se adjudicaron contratos.

El titular del OIC, Carvente Contreras, reconoció que desde mayo ese órgano fiscalizador conocía de las posibles irregularidades en contratos del instituto.

Al respecto, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que la FGR abra una investigación de oficio y que Taddei, si se comprueban las irregularidades sea sancionada conforme a la ley.

El presidente del PAN, Jorge Romero, aseguró que la renuncia de Taddei no es suficiente para resolver la crisis institucional provocada por los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.