El exprocurador de Justicia de Guerrero pide "que se evalúen con rigor las primeras diligencias estatales, el peso de la evidencia científica y el valor real de los testimonios, para que la política no vuelva a imponerse sobre la justicia"
El exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, rechazó de manera categórica la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras denunciar graves vicios legales, sesgos metodológicos y una evidente falta de exhaustividad en la investigación.
La La CNDH acusa que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), a cargo de Blanco Cabrera, incurrió en graves deficiencias institucionales durante los primeros días de la investigación en septiembre de 2014, lo que obstaculizó el esclarecimiento del paradero de los 43 normalistas
Mediante un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, el exfuncionario estatal afirmó que el documento emitido por el organismo constitucional autónomo carece de rigor jurídico y tuerce los criterios probatorios con fines selectivos.
De acuerdo con el exprocurador, la actual administración de la CNDH modificó su reglamento interno de forma irregular al prescindir de su Consejo Consultivo. Este cambio permitió abrir un expediente viciado de origen que sustituyó unilateralmente el seguimiento formal de la recomendación original de 2018 por un "nuevo" pronunciamiento.
El exprocurador acusó a la CNDH de operar con un criterio asimétrico y una "doble vara" en la valoración de los testimonios de los colaboradores eficaces:
"El corazón del documento descansa en un criterio asimétrico: se otorga valor probatorio selectivo al testimonio del colaborador “Juan” (Gildardo López Astudillo) cuando acusa a autoridades locales, pero se relativiza o ignora cuando alude a instancias federales, con especial referencia al Ejército, respecto del cual, la Fiscalía a mi cargo no encontró señalamientos de participación activa. Esa doble vara carece de rigor jurídico. Por el contrario, la actuación de la PGJEG se apegó al debido proceso: ninguna de nuestras consignaciones ha sido invalidada por tortura o violaciones a derechos humanos, a diferencia de lo ocurrido con detenciones federales", apunta el documento que hizo público . .
El exfuncionario defendió la actuación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), al asegurar que todas las diligencias se apegaron estrictamente a derecho. Subrayó que, a diferencia de las detenciones realizadas por el ámbito federal, ninguna de las consignaciones estatales ha sido invalidada por tortura o violaciones a los derechos humanos.
Esta legalidad en las actuaciones locales, recordó, fue validada en su momento por la anterior gestión de la propia CNDH y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Sostuvo que, si hubiese existido maltrato, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo habría asentado en las certificaciones médicas al recibir a los detenidos.
En el plano científico, la postura del exprocurador enfatizó las acciones forenses coordinadas tras el hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de Iguala. Detalló que peritos estatales, federales y especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizaron de forma conjunta los estudios de cronotanatodiagnóstico y genética correspondientes.
Dichos análisis científicos descartaron de manera categórica que los restos localizados en esas fosas pertenecieran a los estudiantes normalistas desaparecidos, desacreditando de este modo las hipótesis que sugieren un presunto intercambio de cuerpos en el desarrollo de la investigación inicial.
Blanco Cabrera señala que ha "colaborado de forma ininterrumpida con la PGR/FGR (seis declaraciones ministeriales), Comisiones Legislativas creadas para el seguimiento del asunto de mérito y la CoVAJ; incluso se solicitó y canceló una orden de aprehensión en mi contra por falta de sustento, lo que evidencia escrutinio real y mi disposición permanente para el esclarecimiento de los hechos. No hay que olvidar que la consignación en mi contra se hizo con sustento en el testimonio singular y de oídas de un delincuente, quien, por el contrario, es uno de los principales perpetradores de la desaparición de los estudiantes y a la fecha ha sido reaprehendido, lo cual permite colegir que le fue revocado el criterio de oportunidad".
Destacó igualmente que la Fiscalía estatal a su cargo "desarrolló inteligencia sobre Guerreros Unidos —estructura, mandos, modus operandi y zonas de influencia— y la compartió con PGR, SEDENA, CISEN, SEMAR y Policía Federal. Esa labor se reflejó en un documento denominado Objetivos de Atención Especial, ventilado ante integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, cuyo contenido fue punto de partida o referencial que, sumado a los datos obtenidos la madrugada del día 27, permitió efectuar detenciones, la consignación de 33 implicados directos —entre ellos mandos de la Policía Municipal de Iguala y José Luis Abarca, hoy condenado a 92 años en un asunto construido mayoritariamente con diligencias estatales—, la identificación de la célula “Los Bélicos” y el aseguramiento de evidencias periciales decisivas".
En referencia a la recomendación de la CNDH, el esfuncionario se pregunta "¿a quién beneficia un pronunciamiento de tal naturaleza?" Y responde: "Más que ayudar a resolver un hecho que laceró nuestra historia, parece contaminar y enrarecer el proceso, y revictimiza a quienes han sufrido directamente".
Por lo anterior, Blanco Cabrera exige "que se evalúen con rigor las primeras diligencias estatales, el peso de la evidencia científica y el valor real de los testimonios, para que la política no vuelva a imponerse sobre la justicia y para que las víctimas reciban respuestas fundadas, no narrativas. Los tiempos actuales no admiten la generación de espacios para la ineptitud".
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