La violencia en El Castillo dejó 16 heridos en el primer enfrentamiento y exhibió fallas documentadas en seguridad, custodia y prevención de incidentes
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La violencia en El Castillo dejó 16 heridos en el primer enfrentamiento y exhibió fallas documentadas en seguridad, custodia y prevención de incidentes
Dos enfrentamientos armados registrados en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejaron 12 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que acudió a una visita familiar, y volvieron a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad de las cárceles estatales.
El primer episodio ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 10:30 horas, durante el horario de visita. El saldo fue de nueve internos y un menor fallecidos, además de 16 personas privadas de la libertad heridas por disparos de arma de fuego.
La mañana del viernes 9 de octubre se registró una segunda riña en uno de los módulos del penal, en la que murieron otros dos internos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Tras ambos incidentes, las autoridades desplegaron un operativo con participación de fuerzas federales y estatales. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las visitas familiares fueron suspendidas.
Penal reprobado por la CNDH
La violencia ocurrió un día después de que se difundiera el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),que otorgó al penal El Castillo una calificación de 5.25 sobre 10, dentro del rango más bajo de evaluación.
El diagnóstico identificó deficiencias en áreas fundamentales para garantizar la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad. Entre ellas, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de programas para prevenir y atender incidentes violentos, presencia de actividades ilícitas y deficiencias en los servicios médicos.
El organismo también señaló problemas en las condiciones materiales, la higiene y la alimentación, así como fallas en la separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Estos señalamientos adquieren relevancia tras dos episodios consecutivos de violencia dentro del centro penitenciario, donde los internos tuvieron acceso a armas de fuego.
La evaluación de la CNDH, sin embargo, no establece que las deficiencias detectadas hayan causado directamente los enfrentamientos. Esa relación deberá esclarecerse a partir de las investigaciones correspondientes.
Sheinbaum promete reforzar la seguridad
Tras el primer enfrentamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad federal trabaja en coordinación con las autoridades de Sinaloa para investigar lo ocurrido y reforzar la vigilancia en el sistema penitenciario estatal.
La mandataria señaló que se mantenía comunicación con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, y que las autoridades debían esclarecer las causas de la riña.
Sin embargo, el segundo enfrentamiento, ocurrido el viernes, dejó otras dos víctimasmortales antes de que concluyera la jornada.
La sucesión de los hechos plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridadespenitenciarias para mantener el control interno de las instalaciones, detectar armas y prevenir nuevos ataques, incluso después de la intervención de fuerzas de seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el Grupo Interinstitucionaldesplegó un dispositivo para controlar la segunda riña y proteger al resto de la población penitenciaria, así como al personal operativo y administrativo.
La violencia rebasa los operativos de seguridad
Sinaloa enfrenta una prolongada crisis de violencia vinculada a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente “Los Chapitos” y “Los Mayos”. El conflicto ha motivado el despliegue de fuerzas federales en distintos municipios de la entidad.
No obstante, los hechos registrados en El Castillo muestran que el reforzamiento de la vigilancia en calles y carreteras no sustituye la necesidad de garantizar el control, la supervisión y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Además de esclarecer los homicidios, las autoridades deberán determinar cómo ingresaron las armas utilizadas en los enfrentamientos, si existieron fallas en los protocolos de revisión y qué medidas se adoptarán para evitar nuevos episodios.
Hasta el momento, los hechos dejan un saldo de 12 personas fallecidas y 16 heridos reportados tras el primer enfrentamiento, mientras continúan las investigaciones sobre las dos riñas.
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