La consejera jurídica de la presidencia sostuvo que la petición de Washington no constituye una solicitud formal de extradición
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La consejera jurídica de la presidencia sostuvo que la petición de Washington no constituye una solicitud formal de extradición
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó este lunes que la petición de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, no constituye una solicitud formal de extradición, sino a una petición de “detención provisional” que –dijo– carece de elementos para justificar su urgencia.
Alcalde explicó que una solicitud formal implica una carga legal más robusta, ya que incluye elementos como presentación de cargos, pruebas, orden de aprehensión, entre otras cosas. En contraste –dijo– la detención provisional se usa en casos de “urgencia”, cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
En este contexto, la funcionaria sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no se aportaron elementos suficientes para justificar esa “urgencia”, por lo que –hasta el momento– la petición no cumple con los requisitos necesarios para proceder conforme al marco legal vigente.
“La solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional”, agregó en su intervención en la mañanera.
Asimismo, subrayó que, de acreditarse la urgencia, corresponderá a un juez de control determinar si procede la detención provisional, y no a las autoridades administrativas. Para ello, se abriría un plazo de 60 días para que se presente formalmente la solicitud de extradición.
“No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo.
En tanto, Alcalde indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya solicitó información adicional al gobierno de Estados Unidos para sustentar la petición.
Por otra parte, cuestionó que el caso se hiciera público al sostener que este tipo de procedimientos deben conducirse con reserva, a fin de proteger el debido proceso y la presunción de inocencia conforme a estándares internacionales.
La filtración de información al caso –dijo– provocó un linchamiento mediático contra las personas señaladas, en este caso el gobernador se Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración.
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