Culiacán, Sin.- La antigua expresión latina excusatio non petita, accusatio manifesta puede traducirse como “excusa no pedida, culpa manifiesta”. Describe un fenómeno frecuente en la comunicación: cuando alguien ofrece explicaciones que nadie ha solicitado, suele transmitir inseguridad y despertar sospechas sobre aquello que pretende justificar.
Las justificaciones excesivas, además de resultar poco convincentes, terminan por revelar contradicciones. Mientras más se intenta explicar una versión de los hechos, mayor es el riesgo de incurrir en inconsistencias que debiliten la credibilidad del discurso. Por ello, una de las reglas fundamentales de la comunicación efectiva consiste en ser breve, directo y asumir responsabilidades cuando corresponda, en lugar de intentar convencer mediante un exceso de palabras.
La reflexión viene al caso porque el régimen mexicano ha incurrido de manera sistemática en ese error frente al creciente señalamiento del gobierno de Estados Unidos. Desde la Presidencia, el Departamento de Estado y diversas agencias de seguridad estadounidenses se han formulado severos cuestionamientos sobre la presunta relación entre organizaciones criminales y actores de la clase política mexicana.
La respuesta del gobierno de México ha girado invariablemente alrededor de conceptos como soberanía, justicia y defensa de las instituciones nacionales, al tiempo que insiste en enumerar las acciones emprendidas contra el narcotráfico. Sin embargo, el problema no radica únicamente en el discurso, sino en la distancia que existe entre las explicaciones oficiales y los hechos conocidos.
El caso de Sinaloa constituye quizá el ejemplo más evidente. Desde las primeras diligencias realizadas tras los acontecimientos ocurridos el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, donde fue privado de la libertad Ismael El Mayo Zambada, y asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda, la narrativa oficial comenzó a desmoronarse. La versión inicialmente construida por la Fiscalía General del estado fue posteriormente desmentida por la carta pública difundida por el propio Zambada y, más tarde, por las investigaciones de la Fiscalía General de la República, que concluyeron mediante pruebas periciales que la supuesta escena del robo en una gasolinera había sido montada.
Desde entonces, las explicaciones ofrecidas tanto por el gobierno estatal como por el federal han estado marcadas por contradicciones, omisiones y una persistente falta de transparencia.
Las consecuencias del caso conocido como Mayo-Chapitos-Cuén-Rocha han sido devastadoras para Sinaloa. La confrontación entre grupos criminales ha dejado miles de muertos y desaparecidos, cuantiosas pérdidas económicas, cierre de empresas, desplazamiento de familias enteras y comunidades prácticamente abandonadas. Pese a ello, el gobierno federal decidió reservar por cinco años el expediente relacionado con estos hechos, argumentando que su difusión representa “un riesgo real, demostrable e identificable para el interés público y la seguridad nacional”.
A esta cadena de inconsistencias se suma el caso del piloto que trasladó la aeronave vinculada con estos acontecimientos. Después de haber sido deportado, continuó delinquiendo en México hasta ser detenido y posteriormente enviado a Estados Unidos, sin que mediaran explicaciones convincentes sobre la ausencia de una investigación más profunda, labores de inteligencia o un interrogatorio que permitiera esclarecer plenamente los hechos.
Más recientemente surgió la controversia relacionada con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a partir de la filtración de fragmentos de una conversación con un supuesto funcionario del FBI. En ella, la mandataria manifestaría su disposición a colaborar e incluso compartir información derivada de las reuniones de la mesa de seguridad de su estado. Las respuestas posteriores tanto de la presidenta de la República como del secretario de Seguridad terminaron por generar nuevas contradicciones, al minimizar el carácter sensible de la información intercambiada en dichas reuniones.
Todo indica que el debate sobre los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado seguirá ocupando un lugar central en la relación bilateral entre México y Estados Unidos conforme avancen las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con el combate al narcotráfico.
En ese contexto, la credibilidad de un gobierno no se sostiene con conferencias interminables ni con explicaciones repetidas hasta el cansancio. Se construye con hechos verificables, transparencia y resultados. Porque, al final, sigue vigente la vieja máxima: quien tanto se excusa, más se acusa.
Recomendar Nota
