¿Qué nivel de miseria moral, de bajeza, de podredumbre, se requiere para exigirle el pago de un soborno, como condición para el cumplimiento del deber, a una madre llena de angustia porque su hija está desaparecida?
¿Por qué la exigencia de esperar 72 horas –un lapso infinito para quien sufre la zozobra de ignorar el paradero de un ser querido– para empezar a buscar a la chica, si las primeras horas de búsqueda pueden ser la diferencia, la providencial diferencia, entre la vida y la muerte de la persona desaparecida?
¿No tendría que existir un mecanismo para comunicar inmediatamente al titular o la titular de la fiscalía que un agente o un policía ministerial está delinquiendo al imponer al denunciante un pago para empezar a realizar la tarea que le corresponde?
¿Los familiares tienen que bloquear calles durante días completos para que el Ministerio Público cumpla con su función? ¿Tienen que ser ellos los que proporcionen las pistas que los servidores públicos, en su criminal negligencia, ni siquiera intentaron descubrir?
¿Solamente si se es funcionario del régimen se tiene derecho a que la fiscalía actúe sin dilación y sin escatimar recursos ni esfuerzos, como en el caso del alcalde de Taxco y su padre, para cuya localización se coordinaron autoridades locales y federales y se usaron aeronaves para la búsqueda inmediata?
Eva Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven habitante de Iztapalapa, de 21 años, salió de su casa motivada por una oferta de empleo. Su familia proporcionó la ubicación exacta del edificio a donde se había dirigido. La respuesta fue la indiferencia, la desconsideración hacia los denunciantes. El cadáver de la muchacha fue encontrado en una bolsa en ese mismo edificio.
Como señala Pascal Beltrán del Río, lo que hace que este caso escale al grado de una ignominia insoportable es la denuncia de extorsión: mientras el Estado utilizaba aeronaves para localizar a un político, un policía de investigación pedía dinero a la familia de Edith Guadalupe para “agilizar” la búsqueda (Excélsior, 18 de abril).
Como si no fueran suficientes los datos de la cantidad de desaparecidos todos los días –mucho mayor que en cualquier otro sexenio– y de fosas clandestinas, el desdén hacia las madres buscadoras y la impunidad casi absoluta, el caso de Edith Guadalupe bastaría por sí solo para desmentir el discurso gubernamental según el cual hay avances en la atención al gravísimo asunto de las desapariciones forzadas.
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