Las movilizaciones por una “mejor educación” derivaron en vandalismo, incendios y robos generalizados en varias ciudades
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Las movilizaciones por una “mejor educación” derivaron en vandalismo, incendios y robos generalizados en varias ciudades
Francia vivió este sábado una jornada de protestas multitudinarias que derivaron en saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos en numerosas ciudades, en una nueva expresión de la crisis social y política que enfrenta el gobierno del presidente Emmanuel Macron.
De acuerdo con información publicada por el diario francés Le Monde, la movilización reunió a 550 mil personas en todo el país, según cifras del Ministerio del Interior, mientras que organizaciones sindicales y estudiantiles elevaron la estimación a 800 mil participantes.
En París marcharon unas 110 mil personas, de acuerdo con las autoridades. Sin embargo, los episodios más graves ocurrieron en otras ciudades, donde grupos violentos irrumpieron en ayuntamientos, atacaron instalaciones policiales y saquearon establecimientos comerciales.
Macron denunció a los que llamó "sembradores del caos", a quienes acusó de buscar la destrucción de las instituciones republicanas.
"No hay lugar para la violencia en nuestra República", escribió en su cuenta de X. Advirtió que quienes participaron en los ataques contra edificios gubernamentales y comercios serán llevados ante la justicia.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de aproximadamente 400 detenciones y atribuyó buena parte de los disturbios a grupos de la ultraizquierda y de la izquierda radical, aunque también señaló la participación de delincuentes que aprovecharon las manifestaciones para saquear negocios.
En Limoges fue incendiado el ayuntamiento. En Lyon ardió la oficina de turismo, mientras que en Burdeos fueron atacadas instalaciones de la prefectura. También se registraron ataques contra comisarías en Marsella y Brest.
La violencia alcanzó una dimensión especialmente grave en Marsella, segunda ciudad más poblada de Francia, donde entre siete mil y ocho mil personas participaron en los disturbios, según estimaciones de las autoridades locales recogidas por Le Monde.
El alcalde izquierdista Benoît Payan denunció la insuficiente presencia policial y exigió explicaciones al gobierno. Aseguró que tuvo que comunicarse personalmente con Macron, el primer ministro y el titular del Interior para solicitar refuerzos, después de que manifestantes violentos irrumpieran en el ayuntamiento.
Ante la extensión de los disturbios, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó una reunión interministerial de crisis, con la participación de los responsables de Interior y Justicia, para evaluar la situación y coordinar la respuesta gubernamental.
La movilización comenzó semanas atrás con protestas de estudiantes de secundaria por la falta de profesores, el deterioro de las escuelas y los recortes educativos. Posteriormente se incorporaron sindicatos, agricultores y otros sectores inconformes con el encarecimiento de la vida y la pérdida del poder adquisitivo.
La protesta también recuperó símbolos de los llamados "chalecos amarillos", el movimiento que sacudió Francia a partir de 2018 y puso en dificultades al gobierno de Macron.
La oposición reaccionó dividida. El dirigente izquierdista Jean-Luc Mélenchon acusó al gobierno de provocar los enfrentamientos mediante su estrategia policial. Marine Tondelier, dirigente de Los Verdes, exigió revisar los métodos utilizados para controlar las manifestaciones.
El socialista Olivier Faure condenó los saqueos, pero advirtió que el gobierno no puede permitir que el conflicto social siga agravándose.
Desde la derecha, Marine Le Pen responsabilizó a la izquierda radical de alimentar la violencia, mientras que el ex primer ministro Édouard Philippe reclamó una respuesta firme del Estado.
Las protestas ocurren cuando Macron se aproxima al final de su segundo mandato y Francia se prepara para las elecciones presidenciales de 2027, en un ambiente de creciente descontento social y confrontación política.
La jornada dejó al descubierto dos problemas simultáneos para el gobierno francés: la magnitud del malestar ciudadano y la dificultad de contener a los grupos violentos sin profundizar el enfrentamiento con quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse.
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