Una denuncia ante la OEA refiere que Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur fueron ganados por gobernadores ligados a grupos criminales a través del uso de la violencia en el proceso electoral de 2021
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Una denuncia ante la OEA refiere que Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur fueron ganados por gobernadores ligados a grupos criminales a través del uso de la violencia en el proceso electoral de 2021
En un abierto desafío a las investigaciones internacionales, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, cerró filas con su homólogo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A pesar de que el propio Castro Cosío carga con el estigma de narcomantas que lo vinculan con grupos criminales, calificó como una “intriga” y un “golpe bajo” los señalamientos de Estados Unidos contra el mandatario sinaloense.
Bajo la premisa de que “no reniega de sus amigos”, Castro Cosío ignoró la gravedad de las investigaciones de autoridades estadounidenses que salpican a Rocha Moya. Para el sudcaliforniano, el proceso jurídico contra el sinaloense no es más que una estrategia para desestabilizar a la Cuarta Transformación.
“Es un amigo entrañable... Yo no reniego de los amigos en las buenas y en las malas”, soltó Castro, intentando blindar la imagen de Rocha al calificarlo como un hombre "íntegro". Incluso, recurrió al discurso de la "calumnia" para desacreditar cualquier prueba que pudiera presentar el gobierno norteamericano.
El respaldo de Castro no es casualidad, ya que ocurre mientras su propia administración se tambalea bajo sospechas similares. El pasado 16 de julio, el estado amaneció tapizado de mantas donde se señalaba directamente al gobernador de Baja California Sur, por recibir pagos semanales de miles de dólares para permitir operaciones ilícitas en la entidad.
Los mensajes violentos plasmados sobre mantas señalan a Víctor Manuel Castro Cosío de una presunta colusión con grupos delictivos, acusándolo de recibir entre 300 a 700 mil dólares semanales.
Aunque la investigación interna reveló que se utilizó un vehículo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para colocar dichos mensajes —incluso en el Kiosco del Malecón de La Paz—, el gobierno no ha fincado responsabilidades ni ha presentado cargos contra ningún funcionario.
Lejos de aclarar las cuentas, Castro Cosío ha optado por la ofensiva. Ante los cuestionamientos sobre el contenido de estas mantas y los presuntos sobornos, el mandatario arremetió contra la prensa local, amenazando incluso con denunciar a una periodista por interrogarlo en redes sociales.
Hoy, un gobernador señalado por la sombra del dinero sucio en su propio estado pretende limpiar la imagen de otro mandatario bajo la lupa internacional, sentenciando que todo se trata de un "veneno" para el ambiente político de Morena.
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