María Elena Morera calificó el caso como una “cortina de humo” para distraer de los escándalos morenistas como Marina del Pilar,Rocha Moya, Américo Villarreal, Mario Delgado y Andy López Beltrán
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María Elena Morera calificó el caso como una “cortina de humo” para distraer de los escándalos morenistas como Marina del Pilar,Rocha Moya, Américo Villarreal, Mario Delgado y Andy López Beltrán
Fernando Gómez-Mont, abogado del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, fue categórico: “No veo ningún elemento serio que justifique la vinculación a proceso”. Explicó que Ingemar, empresa de la que Ruffo es accionista en un 30%, contaba con permisos de importación de combustibles, pero no realizaba la operación física. Esa tarea estaba a cargo de un comercializador externo sugerido por la Secretaría de Energía y validado por la CRE. La relación con Kevinson SA de CV. Todo se limitó a un contrato de transporte, sin evidencia de operaciones ilícitas.
"La operación de todo ese excedente -de hidrocarburo- es completamente ajena a la importación que legalmente estaba haciendo la empresa de la que es socio el señor Ruffo Appel”, señaló Gómez-Mont en entrevista para W Radio. El abogado detalló que: “Luego de 40 horas de audiencia de ocho detenidos y ocho defensas” lo que presentó la fiscalía para que la juez pudiera dictar prisión preventiva, “se lo sacaron del sombrero”. Aseguró que no es líder huachicolero y que todo es parte de “la fantasía de la Fiscal (Godoy)”.
De ahí que María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, desde su cuenta de X respaldó públicamente la versión de la defensa y cuestionó a la fiscal Ernestina Godoy. “No han presentado una sola prueba de culpabilidad ni un solo dato de seguridad nacional. Hasta hoy todo indica que la acusación no tiene sustento”, señaló. Para Morera, el caso es una “cortina de humo” para distraer de los escándalos que involucran a figuras de Morena como Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Mario Delgado y Andy López Beltrán.
"Fernando Gómez Mont habla respecto a las horas de audiencia en las que dice no han presentado una sola prueba de la culpabilidad de Ernesto Ruffo. Tampoco un solo dato que pueda considerarse de seguridad nacional, en lo que se excusaron para que la audiencia no fuera pública", escribió Morera.
El caso de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México, detenido en Ensenada y trasladado al penal de Almoloya, ha generado un intenso debate político y jurídico. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, en un esquema de huachicol fiscal que involucra a la transportadora Kevinson SA de CV. Sin embargo, su abogado Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación, ha sido enfático: la FGR no presentó documentos que acrediten responsabilidad directa de su cliente y calificó la acusación como una “inercia avasalladora”, sin sustento jurídico.
Mientras tanto, la transportadora Kevinson no tiene a nadie detenido.
El abogado detalló que Ruffo posee el 30% de las acciones de Ingemar, compañía que cuenta con permisos de importación de combustibles. En septiembre de 2025, el propio Ruffo había deslindado públicamente a la empresa de la importación física de hidrocarburos, aclarando que esa tarea recaía en un comercializador externo sugerido por la Secretaría de Energía (Sener) y validado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ingemar, sostuvo, se limitaba a la gestión administrativa y aduanal, mientras la logística y distribución eran responsabilidad de terceros. Este antecedente refuerza la postura de la defensa de que Ruffo no tenía control operativo sobre las actividades señaladas por la FGR.
En México, tener el 30% de las acciones de una empresa no necesariamente te convierte en un accionista mayoritario. Legalmente, para tener el control absoluto de una empresa (la capacidad de tomar decisiones ordinarias por sí mismo sin depender de otros socios), se requiere más del 50% de las acciones con derecho a voto (mayoría simple, es decir, el 50% + 1 acción).
En contraste con lo expuesto por la defensa de Ernesto Ruffo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la FGR cuenta con “muchísimas pruebas” que vinculan a Ingemar en un esquema de contrabando de combustibles. Según dijo, existen cruces de información con el SAT y la UIF que demostrarían operaciones ilegales de importación, incluso describiendo mecanismos de fraude al fisco mediante la subdeclaración de volúmenes y el ocultamiento de mercancías.
Lo llamativo es que Sheinbaum habló con detalle de una investigación cuya audiencia se realizó en privado, bajo reserva y con acceso restringido incluso para familiares. Mientras la defensa insiste en que no se presentó un solo documento que acreditara responsabilidad directa de Ruffo, la mandataria parecía conocer cada paso del expediente. Esa contradicción refuerza la percepción de que el caso se utiliza políticamente: un proceso cerrado para los involucrados, pero abierto en el discurso oficial.
En un video publicado en sus redes sociales, la hija del exgobernador, Verónica Ruffo Sánchez, confirmó que Gómez-Mont encabeza la defensa legal y denunció irregularidades en el proceso. Subrayó que la integridad física de su padre está en riesgo y que la audiencia inicial se realiza bajo estricta reserva. Para la familia, la detención de Ruffo Appel representa un proceso injusto contra una figura histórica de la oposición, y han insistido en que se trata de un expediente armado sin pruebas sólidas.
La audiencia, que se prolongó por casi 40 horas, fue una de las más largas desde la implementación del sistema penal acusatorio. Familiares denunciaron que Ruffo estuvo sin alimento y con acceso limitado al baño, además de que se les negó la entrada a las instalaciones. La diligencia se realizó por videoconferencia entre la FEMDO y el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya.
En el terreno político, el PAN y grupos opositores exigieron la liberación de Ruffo, argumentando que el proceso tiene un trasfondo político. Morena, por su parte, rechazó esa postura y aseguró que se trata de una investigación judicial legítima. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN: acusó al gobierno de aplicar la justicia con criterios políticos y sostuvo que existe un “doble rasero” en la aplicación de la ley. Pidió que se investigue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la misma exigencia que a Ruffo.
En sus mensajes públicos, Somos México, partido recién registrado ante el INE y del cual Ruffo es consejero fundador, calificó la detención como “arbitraria e ilegal” y exigió su liberación inmediata e incondicional. La organización defendió que las empresas de Ruffo están debidamente registradas ante el SAT, la ANAM y la Sener, y acusó a la Fiscalía de arremeter contra él mientras se hace “de la vista gorda” ante presuntos fraudes fiscales cometidos por autoridades federales y gobernadores de Morena.
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